Esta arremetida está contenida en la propuesta “Una resolución que apoya los principios y estándares democráticos en Bolivia y en toda América Latina”. Fue planteada por tres senadores: dos del Partido Demócrata, Robert Menéndez y Dick Durbin, y uno del Republicano, Ted Cruz. El documento que será considerado por el Senado expresa su preocupación sobre la “reelección indefinida”, apoya “los límites” del mandato presidencial y que se restablezca la independencia de “los órganos electorales”. 

Fue el vicepresidente Álvaro García Linera quien respondió a la pretensión de los legisladores extranjeros con las siguientes palabras: “Estamos ante un nuevo intento de intervención en asuntos políticos de un país soberano y les hacemos recuerdo a esos funcionarios norteamericanos del Senado que Bolivia es un país soberano, democrático y respetuoso de la ley, de la norma y de la convivencia internacional, y les exigimos a ellos lo mismo”.

Bolivia tiene un aprecio al pueblo norteamericano, a su cultura, a su ciencia y a su tecnología —sostuvo García—, pero “rechazamos de manera enfática cualquier tipo de intervención en asuntos políticos de cualquier otro país, Bolivia, América Latina o el mundo”. La pretensión de los senadores de EEUU no es el primer ejemplo de intromisión norteamericana en el país:

- En los años 60, el país del Norte lanzó su Alianza para el Progreso, que tenía poco que ver con las libertades democráticas. Tenía, sin embargo, mucho que ver con el desarrollo anticomunista en Bolivia, según el libro Minas, balas y gringos, de Thomas Field Jr. En julio de 1963, Usaid (agencia de EEUU) envió 100 mil dólares en equipo militar para armar a milicias campesinas encargadas de “eliminar” a dos líderes sindicales de izquierda: Federico Escóbar e Irineo Pimentel, agrega el texto de Field. 

- Años más tarde, Washington se manifestó en la política interna mediante la Doctrina de Seguridad y el Plan Cóndor, mecanismos que consideraban al adversario (izquierdista) como enemigo interno a ser perseguido y eliminado. 

- Según el texto de la Vicepresidencia: Injerencia de los Estados Unidos en Bolivia, entre 2001 y 2008, Washington se entrometió en la política interna en: a) Políticas represivas en el Chapare. b) Elecciones generales 2002 y conformación de la Megacoalición. c) Reforma a Partidos Políticos Tradicionales. d) Control de Organizaciones Sociales y apoyo a líderes políticos. e) Proceso autonómico e intento separatista.
Entre sus organismos operadores, en el texto se cita a Usaid, la NED, NDI y la Office of Transition Initiatives (OTI), entre otras.
En 2003, el entonces embajador Manuel Rocha planteó públicamente que los bolivianos no voten por Evo Morales en las elecciones generales y amenazó que si se lo hacía, no habría inversiones.

En 2008, el embajador Philip Goldberg intentó obstaculizar y bloquear la aprobación de la CPE mediante actividades conspirativas que le llevaron a ser expulsado del país por el presidente Morales.  

En ese contexto, la propuesta de los legisladores del país del Norte contra la postulación de Morales minimiza lo establecido en la CPE, que determina que los fallos del Tribunal Constitucional, como el que hace viable la postulación del Presidente, es vinculante, de cumplimiento obligatorio y no cabe recurso ordinario ulterior contra él. 

El fallo del TCP se basa en el artículo 256 de la CPE, que plantea “que en el ámbito de derechos humanos los tratados o convenciones que sean más favorables que la Constitución deben tener aplicación preferente sobre ésta”.

Dicho en otras palabras, la postura de los senadores del Norte es otra arremetida contra la soberanía del país, contra la postulación del Jefe de Estado y busca indicar a los bolivianos qué hacer y qué no en las urnas.