Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: miércoles 10 de abril de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Ante esta situación, el Viceministerio de Transparencia anunció ayer que se sumará a la investigación. En tanto, el alcalde suplente Antonio Montaño denunció que buscan desestabilizar su gestión y negó haber influido en los ítems. (Ver infografía)
“Vamos a ser parte coadyuvante. Estamos en el procesamiento de la información y los trámites para constituirnos al Ministerio Público así como al Juzgado para presentar los apersonamientos”, señaló el representante de la institución, Ever Veizaga
La denuncia contra el alcalde y el concejal Héctor Montaño fue presentada el 25 de marzo por Eddy Ticona. El denunciante detalló en su memorial que en la puerta de su domicilio encontró un CD con grabaciones en las que se escucha como las autoridades y el funcionario O. S. negociaban designaciones de ítems de salud.
Al respecto, el Alcalde dijo ayer que someterá a la investigación y que el 17 de abril acudirá a la Fiscalía a prestar sus declaraciones. “Jamás he vendido un solo cargo, no tengo esa conducta”, declaró.
Montaño, ratificado en el cargo la pasada semana con el apoyo de los concejales del MAS, expresó que respetará lo que la justicia dictamine. “Me voy a presentar a las audiencias y a colaborar con los requerimientos”, dijo.
Además, señaló al exdirector de Recursos Humanos Gerson Escalera y al exjefe de personal del hospital Benigno Sánchez de intentar desestabilizar su gestión. Los exfuncionarios fueron convocados en calidad de testigos por el Ministerio Público.
Escalera declaró que Antonio Montaño cuoteó puestos en diferentes direcciones y secretarías del Ejecutivo. Se benefició con varios contratos en la gestión del exalcalde Zacarías Jayta.
Sobre este tema, Montaño negó estar involucrado en supuestos cobros de coimas a los empresarios. Jayta y el expresidente del Concejo Víctor Osinaga están detenidos desde el 1 de febrero por el presunto cobro de diezmos a las empresas.
La defensa de ambos busca la detención domiciliaria, solicitando licencia a sus cargos para desvirtuar el riesgo de obstaculización de la investigación.
“En este caso, la investigación inició a fines de enero, por lo que la etapa preparatoria va a terminar entre julio y agosto”, dijo el representante del Viceministerio.
Por otro lado, Veizaga aclaró que el juicio oral por el caso de audios contra el alcalde electo Eduardo Mérida, su esposa Jovanna Maldonado y el exfuncionario Richard Ágreda, por cobros irregulares por cargos y adjudicación de proyectos a empresarios, comenzará en los próximos meses.
La detención de Mérida y Jayta agravó la crisis institucional en el municipio de Quillacollo y perjudicó la ejecución de obras en los diez distritos por más de 60 millones de bolivianos.
VINTO Y SIPE SIPE AÚN NO DENUNCIAN
El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, comentó que ningún vecino ni autoridad de Vinto y Sipe Sipe presentó formalmente una denuncia sobre presuntos hechos de corrupción pese a que se socializó el procedimiento que deben realizar.
“No se les ha pedido en ningún momento prueba porque eso nosotros lo generamos a partir de que ellos nos hagan conocer la existencia de hechos de corrupción. Para resguardar su identidad, la Ley 004 prevé que pueden ser denuncias anónimas”, aclaró. Veizaga agregó que también coadyuvan en el caso de Sacaba e Independencia.