Las elecciones son un componente, no el único, de la democracia, y su ejercicio es de vital importancia para la gente, así como para medir la calidad del sistema político y de los partidos. Cualquier medida, discursiva y práctica, para limitar o negar en los hechos ese derecho —el voto— es una demostración del carácter instrumental que se tiene de la democracia.

La democracia política, como los bolivianos y las bolivianas estamos experimentando desde 2006, no puede estar divorciada de la democracia económica (distribución de excedentes para el beneficio común), de la democracia cultural (reconocimiento de la existencia de pueblos y naciones originarias) y de la democracia intercultural (en la que el pueblo no sólo vota y elige, sino participa y decide). Pero, reiteramos la premisa, no hay democracia sin voto.

Pues bien, la derecha boliviana mantiene una doble moral ante la democracia, cuyo uso lo ha prostituido desde que el país recuperó las libertades civiles y políticas en 1982, con la instalación del gobierno de la UDP. Su apuesta por el voto es instrumental: se negó a convocar a nuevas elecciones en 1982 y forzó la instalación del Congreso de 1980 a sabiendas de que se había modificado en contra suya las relaciones de fuerza en la sociedad. Esta fue una forma más que efectiva de evitar la gobernabilidad de Siles Suazo y de desarrollar todas las acciones de su desestabilización. La derecha le tuvo temor al voto de la gente y se opuso a la convocatoria de nuevas elecciones.

Ahora, a 37 años de esa coyuntura, en un momento en que el país transita de la democracia controlada (democracia pactada —hecha a imagen y semejanza imperial—) a una democracia liberadora, la derecha vuelve a descargar sus acciones contra la ampliación de derechos y libertades a pesar de mucha retórica en la reivindicación del Estado de derecho y de la libre expresión, cuyo ejercicio guarda estrecha relación con el negocio y la manipulación de sectores de la población.

La convocatoria a que su militancia no participe “masivamente” sino “simbólicamente” en las elecciones primarias que ellos mismos sugirieron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante dos años de intercambio de criterios para la elaboración de la Ley de Organizaciones Políticas, es una manifestación de esa doble moral con la que se comportan en su cotidianidad. Ésta hubiera sido la oportunidad de la derecha para elegir a un binomio que lo represente en las elecciones generales de octubre, si lograba obviamente una sola gran alianza. Pero más pudieron las aspiraciones personales que el sentimiento de unidad.

El llamado a la participación limitada en las primarias de ayer domingo en realidad oculta, por un lado, la mezquina y errónea creencia que de esa manera no legalizan ni legitiman la candidatura del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, y, por otro lado, impide apreciar el tamaño real de sus partidos y la composición de los mismos. A estos dos “argumentos” ya nos hemos referido hace pocos días para demostrar su inconsistencia.

Lo que en este caso importa es que los jefes de la oposición limitan el ejercicio del derecho democrático de los militantes de sus partidos, por muy pequeños que sean, y por tanto, van en contrarruta de la democracia.