Todas estas premisas básicas de la democracia no son obvias en nuestro país. Y mucho menos se las cumple o respeta. Por el contrario, se ha impuesto un discurso alternativo (por decirlo de alguna manera) sobre el concepto de la democracia y sobre cómo se la administra.

Es así que, por ejemplo, en 13 años de Gobierno del MAS, en los 47 actos de interpelación a 26 ministros de Estado, todas las sesiones concluyeron en aplausos y ratificación de confianza, y ninguna autoridad fue censurada. Hay más: entre 2006 y 2010 ni siquiera hubo interpelaciones.

En el único caso en el que la censura hubiera sido obvia, la entonces ministra de Aguas, Alexandra Moreira, renunció al cargo, luego de la crisis que dejó a La Paz sin agua.

No es que las autoridades deban ser interpeladas o sancionadas por el hecho de serlo; ni que sólo deban recibir reprimendas y no elogios. Pero, en el caso boliviano esto se plasma en impunidad y soberbia. De modo que la que podría ser una etapa de rendición de cuentas, fiscalización a los representantes nacionales y exigencia de cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, se convierte en un espacio de ratificación del poder de los unos sobre los otros, de los más numerosos y poderosos, y de la voluntad del caudillo en última instancia.

Esto ha convertido a esos actos de deber democrático y constitucional más bien en un trampolín político, porque por muchas razones que se tenga para demandar explicaciones de ministros y otros, lo que se obtiene es una reafirmación de lo que sea que se hubiese hecho. Es como burlarse en la cara del ciudadano.

Así también es cómo la Asamblea Legislativa ha ido perdiendo la legitimidad y credibilidad que debe tener ante el ciudadano. ¿Cómo, sino, puede interpretar una persona que las denuncias de corrupción, ineficiencia o los llamados de atención tan importantes para la gestión pública no sean más que una chacota donde  no se avanza ni un milímetro en la fiscalización del poder y del uso de lo público?

La independencia de poderes, no es un capricho de unos cuantos ni patrimonio de una facción política, debe ser una exigencia irrenunciable de todo boliviano porque es un derecho de los mandantes fiscalizar a las autoridades a través del Órgano Legislativo.