La Fiscalía comenzó a investigar ante la denuncia de Eddy Ticona en contra del alcalde Montaño (FPV), quien la pasada semana fue ratificado en el cargo con el apoyo del MAS en medio de la peor crisis municipal que afecta a Quillacollo.

También se incluye en la demanda al concejal Héctor Montaño. Ambos son investigados por uso indebido de influencias e incumplimiento.

Como parte de las averiguaciones, el exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía Gerson Escalera se presentó a declarar ayer  en el Ministerio Público.

“He sido solicitado por el Ministerio Público en calidad de testigo para brindar una declaración informativa por la denuncia que tiene el alcalde Montaño referente a unos audios sobre irregularidades”, dijo.

Añadió que, en enero, cuando presentó la denuncia contra el exalcalde Zacarías Jayta y el expresidente del Concejo Víctor Osinaga por cobros irregulares a empresas, proporcionó una nómina de los puestos del Ejecutivo que se repartieron algunos concejales.

Precisó que Montaño logró influir en la designación de unas 18 personas. “Nos increpaba cuando no le damos ítems a sus familiares, a algunos dirigentes, vecinos y a sus amistades”, subrayó.

Escalera expresó que solicitará que se las pesquisas que involucran a Jayta y Osinaga en hechos de corrupción se amplíen contra el alcalde suplente, debido a que éste se benefició con contratos.

Al respecto, el director Jurídico de la Alcaldía, Milton Soto, rechazó las afirmaciones del exdirector de Recursos Humanos y remarcó que el alcalde suplente está dispuesto a cooperar con el proceso.

“El Alcalde ha señalado que sean las instancias correspondientes judiciales quienes hagan las investigaciones y contrasten si estos hechos acontecen con la realidad”, señaló.

Las pugnas en Quillacollo entre el alcalde electo Eduardo Mérida y los concejales empezaron en 2016 por las deudas de dejó la campaña electoral. El munícipe rompió su relación con los legisladores para, aparentemente, acaparar la administración.

Suspenden juicio

La lectura de la resolución del juicio oral contra Mérida por el caso de despido injustificado de trabajadores municipales en 2015 se postergó ayer para el 24 de abril.

La autoridad está detenida en la cárcel de San Pedro de Sacaba por audios que lo implican en cobros. Aún no reunió los 200 mil bolivianos de fianza para acceder a la detención domiciliaria.