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Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: lunes 08 de abril de 2019
Categoría: Consulta previa
Subcategoría: Consultas en materia hidrocarburífera
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Esos documentos están añadidos al “Acta de Concertación y validación de acuerdos en el Proceso de Consulta y Participación del proyecto de perforación de los pozos Domo Oso X1 (DMO-X1) y Domo Oso X2 (DMO-X2)” y serían parte del proceso de “consulta previa” realizado en una de las más de 20 comunidades de Tariquía para validar la exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional.
El documento está firmado por cuatro funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y tiene los sellos del Corregimiento de la Comunidad Chiquiacá Norte y del Sindicato Agrario de la misma zona, acompañado de dos firmas.
Según el acta de “consulta previa”, el documento rubricado por 55 personas, en el que tampoco se incluye la lista de participantes ni su domicilio, fue firmado entre el 6 y 7 de septiembre de 2018.
Sin embargo, la página web del Tribunal Supremo Electoral, que aglutina todos los informes de consulta previa a nivel nacional, no registra ninguno de Tarija en ese año:
Según establece la Ley de Régimen Electoral, el Tribunal Electoral debía acompañar la consulta. La norma dice que las instancias que convoquen al proceso de decisión, deben solicitar la presencia del ente electoral al menos 30 días antes de la consulta y presentar documentación (como el procedimiento, protocolo, cronograma, información descriptiva, etc).
LA VERSIÓN DEL ORGANISMO ELECTORAL
Consultado por EL DEBER, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, explicó que este tipo de procesos no necesariamente requieren de la participación del ente nacional y dijo que se ha pedido a la departamental un informe.
Si bien afirmó que no sabe si el proceso se realizó con presencia del TED, Costas manifestó que para “darle validez a una consulta se debería establecer un protocolo mínimo”.
Sin embargo, la vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Zulma Sánchez, informó hace unos días a El País que ninguna de las partes interesadas (ni el Ministerio de Hidrocarburos ni Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), convocó su presencia para la consulta. “Debería asistir un personal del Tribunal como observadores y hacer su propia interpretación. No hemos ido, no llegó ninguna solicitud al Tribunal ni ahora, ni el año pasado no hay”, sostuvo.
PARA EL MINISTERIO, TODO ES LEGAL
En una entrevista dada a EL DEBER a finales de marzo, el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, dijo que "con base en sus usos y costumbres (los tariquiñenos) aprobaron mayoritariamente la ejecución del proyecto a través del procedimiento de consulta y participación, en estricto cumplimiento de la normativa ambiental y social vigente".