El procedimiento es de por sí poco coherente. La Constitución habla de una consulta previa a todos los afectados por algún proyecto encarado por algún nivel del Estado o sus dependientes y que generalmente tienen que ver con proyectos extractivos. Establecer la condición de previa parece sencillo, hasta que los abogados perciben hostilidad.

El Gobierno aprobó el decreto 2366, que levanta las restricciones de operación en las áreas protegidas – igualmente contempladas en Tratados Internacionales y la propia Constitución, entrando en colisión con el ordenamiento jurídico y sus jerarquías – sin consultar con nadie, ni siquiera con la Asamblea Plurinacional que control con dos tercios.

¿Alguien puede creer que un puñado de familias pudieran hacer frente al negocio de los mil millones de dólares que el Ministro Sánchez argumenta permanentemente?

Después, el Ministerio se dio la tarea de ofrecer las áreas de Tariquía a diestro y siniestro, aun a sabiendas que Petrobras, con muchos problemas en San Alberto, iba a ser quien se quedara con el área, aunque el propio Ministro alertó que podía cambiar de opinión ante el rechazo popular.

Una vez entregada la zona y acordado su entrega, se hizo el trámite legal que pasa por elevar los contratos a rango de Ley y el propio Evo Morales los promulgó hace exactamente un año. Hasta entonces nadie había hablado con nadie de la Reserva, ni del cantón de Tariquía (Padcaya), ni de Chiquiacá (O´Connor), ni Salinas (O,Connor). Apenas unos cuantos dirigentes cívicos, capitalinos, tomaban el nombre de todos y aseveraban el apoyo total. ¿Cuál es la consideración de previa cuando ya hay contratos vinculantes que obligan al Estado?

En agosto de ese año, coincidiendo sin casualidad con la agitación de la prometida Ley de modificación del reparto de regalías, que actualmente se va al Chaco en un 45 por ciento independientemente de su producción como resultado de un pacto fiscal anterior a la autonomía, las autoridades empezaron a hacer las “consultas previas” al mismo tiempo que YPFB Chaco y Petrobras alistaban ingenieros y presupuestos. ¿Alguien puede creer que un puñado de familias pudieran hacer frente al negocio de los mil millones de dólares que el Ministro Sánchez argumenta permanentemente?

Aun en ese marco, el Ministerio obvió el acompañamiento del Tribunal Departamental Electoral y a decir de los comunarios, algunos cuyas rúbricas aparecen en el documento, las reuniones se realizaron con opacidad, sin información completa, sin asesoramiento externo e incluso, con presiones y ninguneos. Lo obligatorio era firmar y punto.

No tiene ningún sentido inventar una norma del calado y con lo que supone la consulta previa para inmediatamente después saltársela o acomodarla a los intereses, en este caso, de las petroleras.

El bloqueo en Chiquiacá sigue, el impacto nacional se siente, las dudas crecen entre el propio Movimiento Al Socialismo que no entiende la fijación. La Reserva contiene la respiración, pero mientras hay resistencia, hay esperanza.