Solamente los titulares de la semana recién transcurrida dan una idea. Veamos: “Cae una banda internacional que falsificaba y comercializaba fármacos”. “Traficaban órganos humanos a través de internet”. “Aprehendidas dos exfuncionarias que habrían favorecido a empresas adjudicatarias en una unidad ejecutora antinarcóticos”. “Magistratura detecta irregularidades en Derechos Reales (¡vaya novedad!)”. Por si fuera poco, en un acto de rendición pública de cuentas del Ministerio de Defensa se afirmó que hay más de 1.000 casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, de los cuales se destacó a cinco: puestos militares adelantados, Empresa Constructora del Ejército, barcazas chinas, aviones T-33 y cemento asfáltico.  

En el caso más bullado de la semana, una concejala del municipio paceño sostuvo que el empresario Edwin Saavedra habría sido favorecido ilegalmente. El Alcalde decidió disolver el convenio con ese grupo (“para evitar que sea utilizado con fines políticos”). Quizá sin quererlo Revilla dio en el clavo. En estos tiempos prematuramente electoralizados, parece que hubiéramos ingresado al peligroso tobogán del “todo vale” para la contienda política. Unos creen que destapando nuevos casos y escarbando en el mundo delincuencial hallarán suficientes argumentos para descalificar al oficialismo.

A su vez, los del bando oficial con una tardía “cero tolerancia” a la corrupción en sus filas y con el destape de otros casos en las parcelas del poder que controla la oposición tendrán suficiente para seguir gobernando. Ambos razonamientos tienen fallas de grueso calibre, Tanto unos como otros comienzan buscando la paja en ojo ajeno sin advertir la viga que tienen en el suyo propio. En ese tren, los opositores cierran los ojos deliberadamente hacia muchos innegables logros positivos que puede mostrar la actual gestión. Todo es colocado y revuelto en una sola bolsa de corrupción, ineficiencia y despilfarro.

Pero para el oficialismo la cosa le sale más cuesta arriba. Son muchos años y muchas obras en varias de las cuales no se aplicó a plenitud el principio de cero tolerancia. Y más bien se debilitaron los mecanismos de control, tanto del Estado como de la sociedad, a título de destrabar y acelerar inversiones del sector público. Y, como es bien sabido, en arca abierta hasta el justo peca. Además, ha sido tan persistente el acoso y la desestabilización que el Gobierno ha empleado contra los municipios y gobernaciones que no le son afines que inmediatamente cualquier denuncia resulta sospechosa y tiende a caer en saco roto.

De hecho, el tema corrupción será uno de los puntos sobresalientes de la agenda electoral. Hay que hacer votos porque el asunto no ingrese como una despiadada ventisca de acusaciones mutuas que en vez de aclarar enrarezcan el ambiente. Se impone un debate fundado y el encuentro de acciones conjuntas contra este flagelo. El manejo transparente en todos los niveles e instancias, la fiscalización de los órganos públicos y la participación activa del control social, apoyada por la acción esclarecedora que pueden hacer los medios de difusión, son los primeros pasos para evitar la impunidad que es donde cabalga la corrupción. Después vienen la investigación policial y la justicia. Pero ese es otro cantar.