El asunto, que compromete a la municipalidad paceña y a la organización política del Alcalde, surgió por una denuncia, desde las filas del partido gobernante, sobre un supuesto tráfico de influencias respecto a la empresa Tersa, responsable del relleno sanitario de Alpacoma. Las denunciantes identificaron al concejal Fabián Siñani, mano diestra del burgomaestre Revilla, como responsable en tanto su esposa resultó siendo abogada (“externa”) de la empresa. El caso es investigado en el Ministerio Público.

Si dicha acción podía ser sospechosa de interés político (asambleístas del MAS contra Sol.bo), muy pronto se activó el frente interno. El mismo día de la denuncia, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana decidió unilateralmente apartar de la dirigencia a Siñani por “falta ética”. Días después, el presidente del Concejo Municipal se adhirió al veredicto. Y hace poco, otra concejala de Sol.bo, Cecilia Chacón, amplió el abanico con denuncias contra el mismo Siñani sobre el proyecto WTC en la Curva de Holguín.

Tras excusarse de la comisión de ética que debía conocer la situación de Siñani, la concejala Chacón habló fuerte y claro: la altura máxima de construcción en el área es de seis pisos, pero se autorizó hasta 65 pisos; se acordó una edificación de hasta 146.000 metros cuadrados, luego ampliada a 354.000; la propiedad privada hoy acreditada en la Curva de Holguín es de 47.000 m2, pero originalmente era de 34.000. También dijo que la aprobación del trámite se hizo en minutos y que faltan respaldos.

El alcalde Revilla y otros voceros del Gobierno Municipal de La Paz rechazaron veloz y puntualmente las supuestas irregularidades denunciadas por Chacón. Y cerraron filas, como desde el principio, en la defensa de Siñani. Hasta ahí el cauce más o menos previsible. Lo novedoso es que ahora la concejala Chacón es acusada de “conspiración”; nada menos. Y no solo en contra del Alcalde, sino también del candidato Carlos Mesa. Pareciera que Sol.bo alista instancias para sancionarla. El MAS habla de acoso político.

Al ruido sobre este caso, que ya es parte de la campaña electoral, se adhirieron, sin aportar documento alguno, el senador Arturo Murillo, de Unidad Nacional (UN), y el exalcalde Juan del Granado. El primero supone un acuerdo “oscuro” entre Chacón y el MAS. El segundo reafirma la hipótesis de conspiración contra la gestión de Revilla. La concejala, en tanto, rechazando el presunto “complot”, denuncia maniobra y ocultamiento de documentos. Más allá de la disputa partidaria con fines electorales, corresponde el esclarecimiento pleno del caso.