El fallo del Tribunal Internacional de La Haya en el tema de la reivindicación marítima establece uno de los peores desaciertos de la actual administración boliviana. Esa torpeza expone una constante de la diplomacia boliviana: obnubilarse en fraseologías e ideologías que cambian según la época, pero invariables en sus resultados finales. Lo característico en este periodo es el argumento sobre “derechos expectaticios” con el que “renombrados” juristas internacionales sedujeron el ansia de nuestros gobernantes y decepcionaron la esperanza del pueblo boliviano. 

La tramoya de los “derechos expectaticios” hace parte de una nueva corriente en la que la estabilidad positiva entre países se sumerge en  la maleable interpretación de los compromisos informales. Es el posmodernismo en el plano jurídico. La naturaleza negligente de ese procedimiento implica no solamente posibilidad de derechos ante eventualidades, sino la emergencia dispar de referencias jurídicas, pues ciertas sociedades estarían enclaustrada en la legalidad positiva; mientras otras dispondrían mejor de otras referencias que, por justicia, habría que tomarlas en cuenta. Es la discriminación positiva a nivel de países y de sus tratados.

Este recurso funcionará unas veces y otras no. Su fragilidad reside en lo que otros consideran su virtud: no disponer del respaldo tangible de la letra y estar sujeto al arbitrio subjetivo. Cuando condiciones concretas, presiones, temor a consecuencias u otras realidades ejercen apremio, el litigante ingenuo puede ver frustradas sus esperanzas: es lo que le pasó a Bolivia.

Algo a tomar en cuenta es que esos “derechos expectaticios” hacen parte de una corriente de tratamiento de la que son objeto privilegiado los pueblos indígenas.  Curiosamente, Bolivia fue manejada a nivel internacional como, internamente, ella trata a “sus” indígenas.

Recientemente una marcha del pueblo qhara qhara llegó a la sede de Gobierno en medio de la apatía pública, el menosprecio gubernamental y el agotamiento de sus participantes. Con justa razón quienes así manifestaban denunciaban la contrariedad entre una excelencia de leyes en Bolivia respecto a los derechos indígenas y la miseria de su aplicación en la realidad concreta. La demanda de los qhara qhara es que se aplique esa legislación, lo que pone en aprietos al Gobierno, pues contrariamente a los derechos expectaticios sobre el mar, que fracasó en La Haya, la expectativa indígena está positivamente inscrita nada menos que en nuestra Constitución Política del Estado.

A pesar de ello, lo que se constata es la inadecuación de disposiciones legales para solucionar problemas estructurales y las consecuencias que ello acarrea, al estar ellas -plurinacionalidad, autonomías indígenas- dependiendo de modas ideológicas y no del conocimiento concreto de nuestra realidad.

El llamado “problema indígena” es un remanente del proceso mundial de descolonización. Su actual tratamiento, sin embargo, no se da en términos sociales, económicos y políticos, sino en la implementación de criterios liberales posmodernos en los que priman buenas intenciones acerca de los derechos territoriales indígenas (fundamentados necesariamente en una pluralidad cultural) y una visión bondadosa pero equivocada sobre la verdadera potencialidad de esa “reserva moral de la humanidad”.

¿Es difícil darse cuenta de lo errado que son -en los casos que analizamos- esas aproximaciones? Es necesario dar solución tanto al problema marítimo boliviano, como a los derechos de los pueblos indígenas sobre Bolivia; sin embargo, ello será posible sólo si cuestionamos radicalmente los enfoques que los llevan al fracaso… o al impase.

Tarea difícil, pues la reacción “normal” en Bolivia es no cuestionar legitimidades, salvo cuando es catastrófico no hacerlo. Ya lo hemos constatado: El Gobierno, repitiendo la tradición gubernamental en nuestro país, presenta el fracaso de La Haya como un éxito político. Por su lado, ojalá los qhara qhara no se empecinen en una quimérica reconstitución territorial y entiendan que la solución descolonizadora es enfocar el poder indígena en un proyecto nacional más amplio y diferente.