Canelas contó que esos contratos han sido enviados a la Contraloría para que esa entidad sea la que se encargue de analizar su validez. Los convenios fueron firmados por la exministra Gisela López, mediante contrataciones directas. Su antecesora, Marianela Paco, mostró las diferencias al interior del MAS en ese punto al afirmar que “no era necesario” contratar a una empresa extranjera para realizar las labores encomendadas.

Este caso muestra innumerables irregularidades: primero, como ya se ha dicho, el ministerio contrató a una empresa extranjera, cuando existen compañías bolivianas capacitadas para hacer ese trabajo. Segundo, se utilizó, como casi siempre, el mecanismo de contratación directa. Tercero, fue contratada para, en parte, realizar la “guerra sucia” que el Gobierno está acostumbrado a llevar adelante, con recursos estatales, contra sus adversarios, ya sean éstos periodistas, dirigentes políticos o líderes sociales.

Además de la “guerra digital” que ya ha anunciado el Gobierno, con recursos públicos, esta empresa recibió sendas millonarias sumas por campañas como la de la demanda marítima y más recientemente para la producción de una película/documental sobre la capitalización, en la que, por supuesto, no ahorra epítetos a las siempre mencionadas figuras. 

La película El robo: cuando las leyes se escribían en inglés, que deberá ser estrenada en breve, cuenta, por ejemplo, con un contrato de 800 mil bolivianos y luce los logos de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Comunicación y comisiones del Legislativo, pero no tiene créditos. Una muestra evidente del  uso cuestionables de recursos públicos.

Neurona, una empresa que ha sido mostrada como una pantalla, pues en su sede en Ciudad de México cuenta con una pequeña oficina sin mayor personal ni trascendencia,  ha trabajado en el pasado con otros gobiernos “de izquierda” de la región y también lo hará en España para la campaña que se desarrolla actualmente, asesorando al partido Podemos, que lidera Pablo Iglesias. Pero en ninguna parte parece haber sido tratada como en Bolivia, donde fue contratada con un documento obtenido un mes antes y con un capital inicial de sólo 5.000 dólares.

Uno de los contratos que obtuvo fue para la producción de 50 artes gráficas, dos videoclips y 15 spots de la campaña de la reivindicación marítima, a un costo de 1,5 millones de bolivianos, mientras otro, por 257.000 bolivianos, estaba destinado a la elaboración de la estrategia comunicacional oficialista. Un tercero, de 758.946 bolivianos, estaba orientado a la producción de piezas comunicacionales a ser distribuidas en redes sociales y destinadas a posicionar “los logros” de la gestión del MAS.

Un cuarto convenio, el más oneroso, fue por 8,8 millones de bolivianos, para la producción de decenas de videos, cartillas, ilustraciones, etc. Según versiones no corroboradas, también Neurona fue contratada para realizar una película que busca desacreditar al candidato presidencial opositor Carlos Mesa y otros líderes opositores.

Es inaceptable la facilidad con que se dilapidan recursos desde las esferas del poder. No sólo porque se usan para fines de un partido que al parecer considera que no tiene límites en sus atribuciones, sino porque además se hace de forma opaca y obviando contratar, finalmente, a profesionales bolivianos.

Hace bien la autoridad del ramo en enviar a la Contraloría estos contratos, aunque bien sabemos que estas investigaciones pocas veces revelan lo que no se desea revelar. 

El Estado despilfarra millones de bolivianos, hace contrataciones oscuras y diseña estrategias para amedrentar a la oposición. Todo eso también debería ser considerado por la Contraloría.