La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Mireya Montaño, como miembro de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, explicó que recibieron en audiencias a todas la organizaciones de mujeres que observaron la Ley 348 contra toda forma de violencia contra la mujer y también sobre acoso político.

“La primera parte incorpora varias partes como la de acoso político y violencia contra la mujer (…) esta ley de abreviación procesal, buscará ser más rápida y va generar responsabilidades a los funcionarios públicos cuando no estén aplicando según la ley”, manifestó Montaño.

Agregó que en la violencia política, buscan cansar a la víctima cambiando de jurisdicción, las trasladan a lugares donde les es difícil ir diariamente a las mujeres autoridades, lo que no puede estar al libre albedrío cambiar la jurisdicción, siempre y cuando esté fundamentando la resolución, asentó.

Pero el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, cree que en el tema de acoso y violencia política se tendría que precisar quién es el juez competente para que no haya declinación o dar lugar a que los abogados den erráticas interpretaciones respecto a este tema o los jueces por librarse de la carga procesal remiten, se excusan o derivan a otro juez competente, indicó.

“Estas modificaciones se están se refieren al ámbito penal y no al tema de acoso político, porque esto merece una norma específica que precisamente allane el camino, no se está estableciendo, específicamente, pero los procedimientos y mecanismos son fundamentalmente para garantizar la agilidad en los procesos, en todos los procesos”, aseguró.

Por su parte la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, dijo que no hace falta introducir porque los hechos penales establecidos en la Ley 243 de Acoso y Violencia Política, están tipificados en el Código Penal.

“Entraría la Ley de Acoso y Violencia Política contra las mujeres, pero están los hechos tipificados en el Código Penal, no tendría que ingresar en esta Ley de Abreviación, porque lo que están haciendo es suprimir las sanciones penales o están alargando; esto del procedimiento es otra cosa (…) sobre la conciliación están cometiendo un exabrupto”, manifestó Piérola.

Asimismo su correligionaria del PDC, Mayda Paz, dijo que están tomando en cuenta, “el problema es cuando se llega al caso y la justicia no da la razón y ahí se distorsiona todo, porque una cosa es lo escrito y otra la realidad, en Santa Cruz no hay Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) y cualquier prueba mandan a La Paz”.

Y por último la diputada de Unidad Demócrata (UD) María Calcina, señaló que es un tema complicado que no se cumple y en el Ley de Abreviación Procesal están viendo algunas cosas, resaltó que ni en la Cámara de Diputados se cumple la Ley de Acoso y Violencia Política, por lo que las otras instancias de gobiernos territoriales tienen muchos problemas.