En la Cumbre, que se desarrolló en Santa Cruz, determinaron pedir la suspensión de las autorizaciones de asentamientos humanos y dotación de tierras fiscales mientras no concluya la titulación de las TCO. Exigieron al INRA desalojar los nuevos asentamientos ilegales en territorios indígenas, dice la Resolución de la Cumbre.

En el encuentro, donde participaron organizaciones indígenas, instituciones de desarrollo, colectivos, activistas y sociedad civil, establecieron rechazar el uso de la tierra para la producción de agrocombustibles y el uso de semillas transgénicas por ser atentatorios al medio ambiente y la salud, y porque promueve la concentración de la producción y tierra en pocas manos.

También determinaron rechazar el modelo de desarrollo extractivista porque representa la muerte de la naturaleza y de los territorios indígenas.

En contraposición a ese modelo, reafirmaron el “vivir bien” bajo la visión de los pueblos indígenas garantizando la convivencia con otras formas de vida y promover la gestión territorial sostenible con identidad y visión propia de los pueblos indígenas.

Finalmente exigieron la abrogación de normas que afectan la consulta previa a los pueblos y facilitan el extractivismo en los territorios indígenas. Además, determinaron luchar por la autonomía y libre determinación para profundizar el carácter pluralista y comunitario del Estado.

UNIR FUERZAS

El 5 de abril, comunarios, activistas, indígenas y defensores de derechos llamaron a la población boliviana a unir fuerzas en la defensa de la Reserva Nacional de Tariquía, así como de otras áreas protegidas del país.

En conferencia de prensa, efectuada en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la presidenta de este ente, Amparo Carvajal, dijo que se trata de “la herencia que queremos dejar”, porque “este planeta que es de todos”.

“Invitamos a todos los bolivianos a que se sumen a ayudar a defender esta reserva porque luego irá pasando con otra reserva”, pidió una comunaria de la reserva situada en Tarija, que indicó que serán más de 2.000 familias afectadas por las actividades hidrocarburíferas.

Según Carvajal, esta política extractivista liderada por el primer mandatario “terminará con todo el territorio de Bolivia”; al mismo tiempo que criticó que el jefe de Estado hable de la Madre Tierra y sin embargo “la quiere terminar haciéndola pedazos”.

“Con mucho dolor les pido que se sumen a la lucha de nosotros”, expresó.

Emergencia por áreas protegidas

La reunión de representantes cívicos de todo el país, sostenida el 2 de abril, en la comunidad de Chiquiacá Norte perteneciente a la Reserva Nacional de Tariquía en el departamento de Tarija, resolvió declarar "Estado de Emergencia Nacional" en defensa de 22 áreas protegidas del territorio nacional, reportó radio Abigail, según Erbol.

Entre las zonas protegidas nombradas en el documento además de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía (Tarija) se citan a la Reserva de Vida Silvestre del Valle de Tucabaca y el Bosque "Seco" Chiquitano (ambas en Santa Cruz), el Tipnis (entre los departamentos de Beni y Cochabamba) y otras.

El manifiesto resolutivo señala, en su parte considerativa, que se toma la determinación frente a "los atropellos del Gobierno en contra de los comunarios de Tariquía y en razón de que el Ministerio de Hidrocarburos no respeta la Constitución y las leyes que precautelan las áreas protegidas de Bolivia".

La declaración de Estado de Emergencia se determina, de acuerdo a la Resolución "por la entrega y destrucción de los recursos naturales" así como también "por daño ambiental".