El secretario de Justicia del Gobierno Departamental, Yamil García Delfín, manifestó que no existe un consenso totalitario en las comunidades afectadas por la exploración petrolera en la reserva de Tariquía.

“Consideramos que la situación de Tariquía involucra una conglomerado de participaciones en tema de hidrocarburos, estudio de impacto ambiental y normas básicas de contratación. Se está trabajando en sanciones administrativas como constitucionales”, declaró.

En virtud de ello, García asevera que la Gobernación ha realizado la solicitud para acceder a información sobre la realización del trámite de consulta previa, proceso de contratación de la empresa adjudicada como el estudio de impacto ambiental en la reserva.

“Se va a actuar en tres vertientes, esperamos que quienes han presentado esta acción hayan hecho una evaluación correcta de los requisitos previos”, acotó el secretario.

Las acciones constitucionales presentadas por el Gobierno Departamental no son excluyentes de otras acciones de defensa planteadas por comunarios de Tariquía. En ese contexto, la Gobernación coordinará el asesoramiento correspondiente.

El estudio de impacto ambiental, que concierne a la consulta previa en cuestión, es un recopilado de datos físicos, naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales dentro del área donde se realizará la exploración petrolera.