Durante más de un año, en especial desde la sentencia constitucional que habilitó la repostulación del binomio oficialista, diversos grupos, unos bien organizados, otros casi unipersonales, surgieron como actores relevantes en el campo político. Y tuvieron más o menos activa presencia en la agenda mediática y en la calle. Algunos lo hicieron al amparo de partidos de oposición. En medio de la disputa sobre los efectos vinculantes del referéndum y de la sentencia constitucional, la Ley de Organizaciones Políticas modificó drásticamente el escenario político y la temporalidad electoral. Los colectivos ciudadanos, que de manera incipiente y con fisuras discutían su futuro, quedaron fuera de juego con las elecciones primarias.

Así llegó la movilización más bien testimonial del último 21F. Unas plataformas se habían adherido a la candidatura de Comunidad Ciudadana, otras hicieron alianza con la candidatura de Bolivia Dice No, y alguna impulsó la candidatura de UCS. Todas ellas están hoy en labor de proselitismo electoral. La fortaleza de este nuevo sujeto político, con centro en la “clase media”, se probará en las urnas.