Acoso es una palabra que está sonando fuerte en varias dependencias del Estado y lo más llamativo es que son denuncias de funcionarios o militantes de una misma repartición; por tanto, en su mayoría, correligionarios.

editorial

Acoso en las esferas del poder

Acoso es una palabra que está sonando fuerte en varias dependencias del Estado y lo más  llamativo es que son  denuncias de funcionarios o militantes de una misma repartición; por tanto, en su mayoría, correligionarios.

En un primer escenario, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que esta semana se conformará una comisión especial de investigación que recibirá las denuncias de acoso y violencia política y de cualquier otra irregularidad dentro de la Cámara.

Esto ante las declaraciones de la diputada Jimena Costa (UD), que denunció acoso político, corrupción, cobros indebidos a funcionarios, entre otros, de parte de sus colegas de la oposición. 

El 19 de enero, la legisladora indicó que  “hay un bloque de gente en la oposición que somos gente nueva en la política y no hemos entrado a robar, y hay viejos políticos que siguen operando con las viejas prácticas”.  En aquella oportunidad, el senador Arturo Murillo le dijo a Costa que “debería denunciar, si tiene pruebas, donde corresponde”. 

De otro lado, dos viceministros renunciaron en medio de denuncias de acoso y discriminación. Por un lado, la exviceministra de Gestión Comunicacional Carmen Miranda salió con cuatro denuncias por acoso laboral y una por discriminación, mientras que el exviceministro de Transportes Galo Bonifaz dimitió y acusó al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, de discriminación.

La salida de Miranda está acompañada de acusaciones del director general de Medios del Estado, Mauricio Carrasco, su subalterno, quien sostiene que ésta ejerció acoso laboral contra él. Bonifaz, por su parte, dice haber sido víctima del ministro Claros por su condición de indígena.