Durante una conferencia de prensa ofrecida junto a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, la presidenta de la Subcentral Tariquía, Paulina Gareca, tomó el micrófono; dijo que hombres y mujeres defensores de la vida llegaron hasta La Paz para hacer conocer la situación crítica de hostigamiento y presión sistemáticas que sufren las comunidades campesinas de Tariquía por parte del Gobierno.

La líder campesina dijo en un tono de voz característico de esa región, que las mujeres viven una situación muy triste y crítica debido a las intenciones del Gobierno de Evo Morales de ingresar a la fuerza y sin consentimiento a Tariquía para realizar tareas de exploración y explotación hidrocarburífera.

"Hemos tomado la decisión de no dejar ingresar a trabajar a Petrobras, así cueste lo que nos cueste, así tengamos que perder vidas por tener una herencia para nuestros hijos, para que ellos puedan seguir viviendo como nosotros vivimos. Nosotros tenemos tierra para trabajar, tenemos mucha agua dulce, mucha agua pura", explicó.

Gareca señaló que las mujeres se sienten muy amenazadas, y como el Gobierno no hace respetar la tierra, ellas asumirán la defensa de su territorio. "Quiero hacer conocer al mundo entero que como mujeres tenemos derecho a respetar la vida y nos están violentando con un decreto por encima de la Constitución", dijo.

Por su parte, la dirigente Barbarita Mesa del Comité de Defensa de Chiquiacá denunció una consulta "fraudulenta" por parte del Gobierno sin contemplar a las 22 comunidades de la reserva.

"Sólo dos comunidades fueron consultadas en Chiquiacá norte y ahí solamente han consultado a los dirigentes y a comunarios que han sido engañados, les quitaron su carnet para un plato de comida y usaron esas firmas para decir que dieron su visto bueno, fue una consulta fraudulenta", aseguró.

Como el pozo petrolero está dentro de un predio particular –dijo Mesa– que sólo a los dueños les consultaron para llevar adelante la perforación. "No nos han tomado en cuenta como vivientes de allá, hemos sido atropellados por la Policía que ha llegado a inaugurar el pozo, cuando teníamos una reunión pendiente con el Gobierno", señaló.

MINIMIZAN RECLAMO

El vocero de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas para la Defensa de los Territorios y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), Álex Villca, oriundo de la comunidad de San José de Uchupiamonas en el corazón del Parque Nacional Madidi, lamentó que el Gobierno pretenda minimizar los impactos.

"Esta reserva creada en 1989 tiene alrededor de 250 mil hectáreas y lo que el Gobierno dice es que sólo deforestarán 20 hectáreas; es una burla porque para hacer este tipo de exploración, se requiere apertura de caminos carreteros, carecemos de infraestructura, uno de los impactos son los caminos ¿y qué viene detrás?", cuestionó.

Por su parte la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, dijo que el caso de Tariquía muestra la permanente vulneración de derechos colectivos e individuales que se dan desde las instituciones del Estado que no respetan los procedimientos de la consulta pública, libre e informada como debía darse de buena fe desde el Estado.