Herrera dijo que Chacón actúa de manera desleal al partido, y la acusó de ser parte de una conspiración del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Penosamente (Chacón) está pasando de la falsedad de la inexactitud de datos, del manejo irresponsable de datos a la deslealtad institucional, a la deslealtad partidaria y a la deslealtad personal, por tanto la ex ministra de Defensa es parte de la conspiración del MAS en contra del Alcalde”, dijo Herrera.

El asambleísta del Sol.bo hizo alusión la denuncia de Chacón quien puso en duda la propiedad de 47 mil metros del empresario Edwin Saavedra en la Curva de Holguín, donde estaba planificado el proyecto WTC. Juan Del Granado salió a aclarar que en su gestión se hizo una investigación y de 84 mil metros que estaban a nombre de Saavedra, sólo se le acreditó esos 47 mil.

Herrera criticó a Chacón, a quien sólo se refirió como “ex ministra”, por no haber hecho las denuncias desde 2016, cuando ya se había solicitado el cambio de estatus de suelos en la Curva de Holguín.

También señaló la denuncia que hizo Arturo Murillo contra Chacón por presuntas  irregularidades en la compra de helicópteros, cuando era Ministra, y que fue rechazada por la Fiscalía.

Herrera también mencionó que legisladoras del Movimiento al Socialismo ya salieron en defensa de Chacón, lo cual en su criterio es una muestra de que la concejala es parte de la “conspiración” del partido azul contra el burgomaestre paceño.

Indicó que está solicitando a Sol.bo a que se convoque a Chacón para que vaya a dar explicaciones al partido.

Por su parte, la concejala Chacón, presentó una denuncia en contra de los concejales de su agrupación por acoso político, ante la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL).

“Yo he presentado mi denuncia ante la Asociación de Concejalas de Bolivia por acoso político. Son varias personas, son aquellas que han amenazado con iniciarme procesos a raíz de las investigaciones que vengo realizando en este caso”, dijo a los medios de comunicación.

De acuerdo a la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política, en su artículo 7, se entiende por ese delito a los actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupos de personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas electas designadas o en ejercicio de sus derechos.