"El revocatorio es un derecho político establecido en la Constitución, pero ahora las causas son subjetivas porque muchos los que han planteado, no están justificando con causales objetivas el rechazo a las autoridades, y el resultado inmediato de este pedido es la ingobernabilidad, inseguridad jurídica y perjuicio a la entidad local o departamental donde se plantea el revocatorio", señaló.

Joaquino manifestó que como algunos pedidos de revocatorio no tienen sustento, las autoridades que se sometan a ese proceso y sean ratificadas en su cargo, sólo habrán perdido tiempo para hacer obras en su municipio.

En el país se registraron 237 solicitudes de revocatorio, de las que 227 son trámites contra autoridades subnacionales.