Sin embargo, más allá de lo que diga Estados Unidos, algo está cambiando en la opinión de los bolivianos. Una prueba de ello es que, según la encuesta de Mercados y Muestras para Página Siete, el 72 por ciento de los consultados en el país cree que el mandatario debe dejar la dirigencia de los cocaleros del Chapare.

Como se sabe, Morales mantiene la doble función de presidente del Estado y presidente de las seis federaciones de cocaleros del Chapare,  lo que genera un conflicto de intereses.

La encuesta en cuestión fue levantada luego de que comunarios de San Rafael, ubicada en el Chapare, emboscaron a las fuerzas del orden para evitar un operativo contra una narcoavioneta.

Luego de varios días del hecho,  más de una decena de campesinos fueron detenidos, aunque los cocaleros como tal ni sus dirigentes fueron investigados por la protección al narcotráfico, como ocurrió antes después de una emboscada en los Yungas. Por este último caso  está en la cárcel el dirigente Franclin Gutiérrez.

En ese marco, el 58% de los consultados por la encuestadora consideró que Morales discrimina a los cocaleros de Yungas. 

Si el presidente Morales no quiere ser estigmatizado por las actividades ilícitas que ocurren en el Chapare, debería dejar la dirigencia. No vaya a ser que por preservar el control sobre su núcleo duro, el mandatario pierda credibilidad internacional en su lucha contra el narcotráfico y, de paso, sea aplazado no por Estados Unidos, sino por los bolivianos.

Si bien las cifras de Estados Unidos difieren con las de Naciones Unidas, en cualquier caso, los datos muestran un incremento de la producción de coca en Bolivia, con el añadido de que la mayor parte de la producción del Chapare va al narcotráfico.

Tras la aprobación de la Ley de la Coca en favor del Chapare, lo que demuestra el conflicto de intereses entre Morales y ese sector, ha subido la producción de coca legal de 12.000 a 22.000 hectáreas. Estados Unidos sostiene que la producción está en 31.000 hectáreas, mientras que Naciones Unidas contabilizó 24.500 hectáreas.

“Bolivia debe intensificar los esfuerzos para detener el desvío de coca a la cocaína (...), y mejorar la aplicación de la ley y los esfuerzos judiciales para investigar y procesar las actividades delictivas relacionadas con las drogas”, indica el informe. Las tareas son importantes, pero no es coherente hacerle el pedido al dirigente cocalero.