En varias regiones del país, la militancia del gobernante Movimiento al Socialismo anunció hace semanas que aunará fuerzas para rechazar el “día de la mentira”, como conmemoran el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando ganó el No a la reelección presidencial. La Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), que aglomera a las organizaciones sociales afines al Gobierno, y que ahora quiere ponerse a la par de la Central Obrera Boliviana (COB), es la principal organización que respalda al presidente Evo Morales y su cuarta candidatura al cargo.

Grupos de oposición anunciaron también que marcharán en defensa de la democracia, tal el caso del Comité pro Santa Cruz que luego de su “zombizazo” –una actividad con disfraces de zombis que se desarrolló entre el Palacio de Justicia, la Plaza del Estudiante y el parque El Arenal de la capital oriental–, reanudará sus protestas con un “bicicletazo” el sábado 17 de febrero, seguirá el 19 con una concentración de barrios y el 20 con un “mural humano”.

La COB, que enfrenta problemas de división alentados por sectores afines al Ejecutivo, convocó a un paro nacional el 21 de febrero, lo mismo que varias organizaciones cívicas, para defender los resultados del referéndum donde el No ganó con algo más del 51% de los votos, mientras el Sí obtuvo algo menos del 49% de votos restantes. El oficialismo explica este resultado en el caso Zapata, como se denomina al escándalo que involucró a la ex novia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, en un presunto caso de tráfico de influencias, con un hijo de por medio, que finalmente nunca existió. A partir de esto último, el Gobierno acusa a la oposición de haber utilizado a Zapata para desprestigiarlo, aunque ésta se encuentra recluida en la cárcel por intentar suplantar al niño inexistente con otro y por aparente enriquecimiento ilícito, sin que se hayan aclarado del todo sus vínculos con el Estado.

El Gobierno anticipó que sus marchas del 21F serán pacíficas.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y los ex defensores del Pueblo Rolando Villena y Waldo Albarracín presentaron una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado por incumplimiento de los resultados de los comicios en 21F.

Ayer la CIDH decidió admitir la petición y en cinco semanas emitirá una resolución clara.