Medio: Opinión
Fecha de la publicación: viernes 05 de abril de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Del total de casos que se registraron de enero a la fecha, la Comisión ingresó a los municipios de Quillacollo y Sacaba, donde se reportaron hechos de corrupción.
"La comisión especial ha trabajado hasta ahora en una decena de casos. Hay varios que todavía están en preparación", informó a los periodistas.
Explicó que esa instancia estatal está conformada por representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público y la Policía.
Según Arce, esa entidad se involucró en los casos porque investigan denuncias interpuestas contra las máximas autoridades de las entidades estatales intervenidas.
Detalló que la comisión realizó actividades en las alcaldías de Quillacollo, Riberalta, Uyuni y Sacaba, con "excelentes resultados".
"Se ha trabajado durante dos días en el Consejo de la Magistratura y seguramente la siguiente semana se van a tomar acciones en función a los datos, a los hallazgos, a los indicios que se están encontrando, que están apareciendo en un área muy sensible, muy delicada que es Derechos Reales", agregó.
La autoridad advirtió que esa comisión continuará con su labor en el marco de la política nacional de "cero tolerancia a la corrupción" en las entidades públicas del país.
LEYES Sobre el caso del alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, el ministro Arce señaló que este es uno de los hechos de corrupción descubiertos “más lamentables” de los últimos tiempos, en el que incluso se trató de “manipular” a las autoridades judiciales y se tenía la intencionalidad de seguir a la cabeza del municipio, a pesar de la evidencia presentada.
“No se trató de una acción política, sino de un hecho de corrupción repudiado por todos, incluso por sus propios partidarios”, señaló.
Según Arce, ahora solo queda seguir con los procesos y respetar los principios de igualdad procesal.
“El pueblo cochabambino tiene derecho a conocer la verdad de uno de los casos de corrupción municipal más emblemáticos y graves”, finalizó la autoridad.