La gran preocupación de los ciudadanos, aun de los que fervorosamente apoyan a candidatos que prometen un cambio de rumbo, es que se repitan las prácticas tramposas en las próximas elecciones. Así, muchos desconfían que en octubre se sabrá la verdadera decisión de los bolivianos.

Es más. No se trata que en octubre los electores estén ante la alternativa de aceptar o no los resultados de estas elecciones, sino también de respetar lo que ellos mismos decidieron en el referendo del 21 de febrero de 2016. No sólo hay una decisión democrática, sino una obligación legal, y aún moral, de respetar una regla constitucional que evite la elección indefinida de los gobernantes.

Si a ese intento de atropello se une la fundada sospecha de que no se ha abandonado el ánimo de hacer trampas en las elecciones y en el escrutinio, es ostensible que se consolidará el abuso y la ilegalidad. 

Uno de los mecanismos para controlar excesos y distorsiones electorales, constituyen las misiones veedoras, aceptadas por el oficialismo. La Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea tienen experiencia en este tipo de misiones y pueden anticipadamente contribuir a la corrección de los males que aquejan a un sistema electoral. En otros términos, se requiere supervisión anticipada del padrón, especialmente porque en el reciente pasado se mencionó que varias decenas de miles de cédulas de identidad han sido "clonadas", lo que hace suponer que se trata de un modo de fraude anticipado.

Se busca la abultada cantidad de votos, pese a que hay una disidencia creciente. No es frecuente -si alguna vez sucedió en la realidad- que se gane elecciones con diferencias abismales, cercanas a la unanimidad. Se tiene recuerdo de la época de las elecciones del cero votos para los opositores.

Luego se avanzó y, fruto de ello, se instaló el actual gobierno. Para ser consecuentes ahora, los oficialistas deberían desechar la tentación de hacer trampas, las que siempre afloran y que crean descreimiento en el sistema democrático.