Tras la aprobación de la nueva Constitución, el MAS ocupó el centro del campo político, mientras que las fuerzas opositoras, dispersas, perplejas, fueron confinadas a sus bordes o se parapetaron en las gobernaciones y alcaldías resignando la disputa por la hegemonía, e incluso adoptaron como suyas ideas del discurso oficialista. Las instituciones públicas (sobre todo la Asamblea) dejaron de ser arenas de contienda entre proyectos de sociedad y se convirtieron en cajas de resonancia del Ejecutivo.

La nueva estructura de poder se asentó en dos dispositivos que neutralizaron la acción política agonista y degradaron la política democrática. Por una parte, prevalecieron los intereses corporativos de grupos sociales estratégicos como los sindicatos campesinos, los agroindustriales, la burguesía financiera y los cooperativistas mineros que monopolizaron la decisión política a cambio de lealtad al Gobierno. Por otra parte, se formó una élite integrada por altos funcionarios, políticos y dirigentes sindicales que concentraron el poder y se convirtieron en los intermediarios exclusivos entre el Estado y la sociedad por medio de una red clientelar-prebendal.

La votación del 21 de febrero de 2016 y el aberrante fallo del Tribunal Constitucional resquebrajaron la hegemonía y abrieron espacios de oportunidad para la oposición. A ello es necesario agregar la corrupción generalizada, un “poder peligroso” que erosiona la legitimidad. La oposición se reorganizó en plataformas ciudadanas, salió a las calles y encontró una nueva voz en las redes, pero aún no ha logrado forjar un programa radicalmente otro. La diferencia entre los dos candidatos con chances de ganar la elección, Carlos Mesa y Evo Morales, radica por ahora en su representatividad, su narrativa simbólica, los estilos de liderazgo y la composición social de sus electores. Asumir el espacio posthegemónico implica abandonar la ilusión del consenso unánime sobre el “proceso de cambio” y abrir el debate interminable y sin concesiones sobre el futuro de Bolivia.