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Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: jueves 04 de abril de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Mencionó que, ante los cuestionamientos por las presuntas irregularidades cometidas en estas adjudicaciones hechas por invitación directa, ya envió a la Contraloría General del Estado una solicitud formal para que realice una auditoría de todas ellas.
“Fueron ocho contratos, entre órdenes de servicio y contratos. El monto total de todos los contratos y órdenes de servicio alcanza a 12 millones 461 mil bolivianos. Nosotros ya enviamos a la Contraloría la solicitud para que haga las auditorías (…) el contralor ya ha recibido eso y queda en manos de la Contraloría”, anunció Canelas tras la reunión semanal del gabinete de ministros.
El funcionario de Estado explicó que tomó esta decisión para garantizar transparencia en la labor de fiscalización e informó que se dejó de trabajar con esta firma en diciembre de 2018, por lo que a la fecha no existe ningún contrato vigente.
CUESTIONAMIENTOS
La oposición cuestionó los contratos firmados con Neurona por su elevado monto y la adjudicación directa, tras que confirmó que fue constituida en enero de 2017 con un capital de 5.000 dólares y bajo la dirección del mexicano César Hernández Paredes, un activista de izquierda que trabajó en la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2014.
Canelas confirmó que Hernández participó como “voluntario activista” en la campaña de 2014 y manifestó que no es una irregularidad que una empresa que formalmente aparece constituida con un capital pequeño se adjudique contratos grandes.
No obstante, el titular de Comunicación mencionó que la auditoría solicitada a la Contraloría será la que a fin de cuentas establezca si hubo irregularidades o no en el proceso de contratación, en los productos finalmente desarrollados y en la implementación de esos productos.
De acuerdo con la información oficial, en marzo de 2018 Neurona Consultign se adjudicó tres contratos por 1.6 millones de bolivianos por campañas vinculadas a la demanda marítima, mientras que el 20 de agosto del mismo año firmó otro por 8.8 millones bolivianos para un “servicio especializado” de comunicación estratégica en plataformas digitales y redes.
Todos esos contratos fueron firmados durante la gestión de Gisela López como ministra de Comunicación.