Asimismo, informó que se hizo la propuesta de modificar, tanto el reglamento general de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Comisión de Ética, para que se incluyan temas sobre acoso y violencia política, porque se tiene la Ley 243, que fue aprobada hace cuatro años y aún no se ha incluido en los reglamentos.

En tanto la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), quien fue parte de esta comisión, Romina Pérez, dijo que se modificaron quince artículos del reglamento de ética para darle competencias a la Comisión de Ética para que investigue los tres casos.

“Por la confidencialidad se tiene sellada la denuncia de la diputada que hizo, por eso se tiene una codificación y no figura su nombre (…), estos casos van pasar a la Comisión de Ética, donde se hará el seguimiento correspondiente a cada caso con las competencias que ya serán aprobadas”, indicó Pérez.

DIPUTADA SAN MARTÍN

En su momento, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Fernanda San Martin, arguyó que la Comisión Especial de Investigación sobre Acoso y Violencia Política, debió ser una instancia imparcial, pero ha sido instrumentalizada por el MAS y una muestra fue las declaraciones del presidente de Diputados, Víctor Borda.

“El Presidente de la Cámara de Diputados mintió, porque la diputada Jimena Costa no retiró ninguna denuncia, porque no interpuso todavía ninguna. Esta Comisión no solo tenía que recepcionar sino también investigar y Borda cometió una infidencia y de paso me nombró, cuando yo ni soy de la Comisión”, indicó San Martin.

El 10 de marzo, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda manifestó que “lamentablemente algunas diputadas de la oposición que hubieran planteado alguna denuncia en contra de sus propios militantes, hubieran desistido (…) al parecer hubo presiones políticas que motivaron este tipo de circunstancias”.