“A partir de la compra de mochilas para 2017 yo creo que ha dado un efecto domino, porque a partir de la denuncia se ha hecho evidente la existencia de una red de corrupción en el municipio y lo hemos visto a partir de las declaraciones de 19 personas en el Ministerio Público”, dijo. Al hacer un recuento del proceso que comenzó hace un año lamentó que la acusación aún no se haya presentado.

“Viendo que hay declaraciones de empresarios que dicen que eran financistas, uno no puede creer que Cochabamba haya elegido como Alcalde  a una persona que creyó que el municipio era una empresa, donde venía hacer negocios, cuando la función pública es muy noble”, remarcó.  

De acuerdo con el último informe del fiscal que indaga el caso, Gonzalo Aparicio, el Ministerio Público emitirá su resolución antes del plazo previsto en junio.

Por otro lado, la concejala Rossemary Llusco (Demócrata) lamentó el costo humano que ha tenido el proceso para la familia del alcalde electo José María Leyes, debido a su detención en el penal de San Antonio por el caso Mochilas II, que se destapó luego y que como el primero tiene indicios de ser una adjudicación dirigida.

La defensa de Leyes manifestó el lunes que el Alcalde es un perseguido político y destacó que la Fiscalía rechazó cuatro denuncias en su contra, sólo hay cinco imputaciones.