La concejala del MAS, Rocío Molina, el 2 de abril de 2018 hizo una denuncia pública por la compra irregular de mochilas y material escolar. Un día después presentó sus pruebas en el Ministerio Público y el alcalde electo de José María Leyes fue aprehendido el 20 de abril.

El alcalde electo Leyes es procesado por la presunta comisión de cinco delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles a la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

La Fiscalía señaló que se tienen indicios de una filtración de información privilegiada a la Asociación 6 de Febrero, direccionamiento y tráfico de influencias. En un inicio se habló de sobreprecio, pero esto aún se investiga.

Según el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, se cuenta con numerosas declaraciones y pruebas documentales que sustentan estos indicios. Una de ellas es la filtración de información privilegiada para lograr un direccionamiento.

Según declararon en la Fiscalía miembros de la Unidad Solicitante, la Secretaría de Desarrollo Humano y de Imagen Corporativa, sólo recibieron la instrucción de enviar un correo al representante de la asociación, Juan de Dios Morales, antes de la licitación.

Con esta información hicieron el pedido de las mochilas y el material con los logos a una empresa en China. Es así que se registra el ingreso meses antes del proceso de contratación.

“Muchas declaraciones develaron instrucciones precisas para direccionar el proceso (...) Tenemos prueba documental que demuestra la elaboración de las mochilas antes de la licitación”, manifestó Ever Veizaga.

En su momento, la concejala Molina presentó documentos de importación de Aduana donde el registro de ingreso era en agosto de 2017. Mientras, la licitación se hizo pública en octubre.

Asimismo, se reveló un presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos, de 12 que señalaba el contrato. Sin embargo, hasta la fecha la falta de pago por las mochilas entregadas deja en la incertidumbre este aspecto.

La segunda semana de abril de 2018, Leyes informó que no se pagarían las mochilas hasta esclarecer el caso. Hasta ese momento, la empresa había entregado más del 90 por ciento, por lo que inició un proceso coactivo que aún no se resuelve. Este proceso determinará el costo real de las mochilas y el monto a pagar.

Plazos

El proceso incluye a 13  imputados entre ellos el alcalde Leyes, tres exsecretarios, funcionarios de la Unidad Solicitante, la comisión calificadora y la empresa. Hay un prófugo que es el exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, cuyo paradero se desconoce.

Aún no hay una fecha para el juicio porque la última imputación se la hizo el 3 de enero de este año. Eso permitió ampliar la investigación por seis meses. En ese tiempo la Fiscalía puede decidir  si acusa, sobresee o amplía la imputación, es decir, el plazo es hasta el 3 de junio. La defensa de Leyes considera que se trata de una persecución política.

OPINIONES

"No hay una sola persona que diga que el alcalde Leyes se benefició con un solo centavo (...) Esto hace ver que es un perseguido político". Humberto Trigo. Abogado de la defensa

"Este proceso se ha estancado porque no hay pruebas contundentes. Acusan a la oposición de una forma y al oficialismo de otra". Freddy Gonzales. Asambleísta Demócrata

"Hay suficientes elementos para decir que el proceso fue direccionado. No existe ningún tipo de estancamiento, hay plazos". Ever Veizaga. Rpte. Transparencia

ALCALDE ACTUALIZA “FACE”; RECHAZAN 4 DENUNCIAS

REDACCIÓN CENTRAL

Con la frase “Perseguido político”, el alcalde electo José María Leyes identificó ayer su perfil de Facebook para recordar un año de la denuncia del caso Mochilas I, que marcó el inicio de su salida del municipio.   

Desde entonces, se sumaron ocho denuncias más en su contra. De ellas cuatro fueron rechazadas y otras cuatro tienen imputación, una está en un limbo.

Los casos rechazados son la red de corrupción, carro balde, desayuno escolar y estafa a un concejal de Colcapirhua. El primer proceso fue apelado por el Viceministerio de Transparencia.

Las imputaciones son por Mochilas I y II, designación ilegal de la exintendenta Luz Rojas y por ganancias ilícitas respaldado en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Queda pendiente conocer lo que se dictamine en la denuncia por la compra irregular de las cámaras de seguridad del Programa Ciudad Segura del municipio.