El Gobierno se ha convertido en el mayor crítico de la justicia boliviana. Constantemente hablan de la corrupción, de los jueces espurios que sueltan a los narcotraficantes y asesinos y que mantienen bajo siete llaves a los “robagallinas”; constantemente se refieren al drama que sufren las víctimas del crimen y también los procesados; se quejan por las mujeres golpeadas y los niños abusados y de todos los que peregrinan y se gastan hasta lo que no tienen para costear los trámites de tribunales burocráticos, abusivos e indolentes.

Sin embargo, entre todos los epítetos que lanzan diariamente olvidan mencionar que el régimen, modelo y medida de todas las cosas en Bolivia, tiene en sus manos a la justicia perfecta; la mejor diseñada para sus propósitos, imagen y semejanza del “proceso de cambio”, pues hasta un magistrado golpeador ocupa uno de los mayores cargos del Poder Judicial, con la venia y la licencia para gozar de impunidad.

Llueven las críticas, se repiten desde hace años, pero nadie mueve un dedo para cambiar la situación. En todo caso, se insiste en los errores, se profundiza la manipulación política y se enfatiza en las pseudoreformas, como la elección de los jueces, que han convertido a la ley y a sus administradores en los mejores instrumentos de la reproducción política que va camino a la dictadura, con la justicia como el mejor aliado.

La gente piensa lo mismo que el Gobierno. La justicia es la institución peor posicionada en las encuestas. Repetir que es mala forma parte del populismo y la verborragia que han tenido alcance internacional, gracias a la ingenuidad de la prensa extranjera, los países que dicen promover la democracia en el mundo y de los organismos internacionales que elogian la letra muerta y las palabras bonitas que brotan de los demagogos.

Cómo explica la Unión Europea (UE), que cinco años después de haber firmado con Bolivia un acuerdo para la modernización de las justicia, recién se atrevan a denunciar el incumplimiento y que nuestro país ha perdido la cooperación de 34 millones de dólares que se habían destinado justamente para evitar que los juzgados bolivianos sigan siendo los mejores mecanismos de tortura de la población.

Lo mencionan cuando ya no se puede hacer nada y el Gobierno tiene el tupé de afirmar que no hace falta ninguna ayuda, pues se las baten muy bien solos. La declaración de la UE llega cuando las estructuras perversas que funcionan detrás de los tribunales forman parte de un sistema, o mejor dicho, de un paradigma que ha legalizado todo, que le garantiza la “gobernabilidad” al régimen y que ha hecho de la impunidad y la connivencia una práctica cotidiana.

En estos cinco años y desde mucho antes, los europeos han visto cómo se desmantelaba la institucionalidad del país; han sido testigos de la persecución política, del hacinamiento de las cárceles, del dolor de las familias y las miles de almas en pena que deambulan como zombis en los centros de reclusión. Hablar ahora ayuda, pero deja de sonar a complicidad.

Cómo explica la Unión Europea (UE), que cinco años después de haber firmado con Bolivia un acuerdo para la modernización de las justicia, recién se atrevan a denunciar el incumplimiento y que nuestro país ha perdido la cooperación de 34 millones de dólares que se habían destinado justamente para evitar que los juzgados bolivianos sigan siendo los mejores mecanismos de tortura de la población.