Las diputadas Betty Yañíquez, Valeria Silva y Sonia Brito denunciaron un caso de tráfico de influencias dentro del municipio, debido a que la esposa del concejal Fabián Siñani, Maricruz Medrano Strelli, trabajó con Saavedra y en algún momento del trámite fue la representante legal ante la Alcaldía, específicamente cuando el Concejo Municipal de La Paz aprobó a su favor el cambio de uso de suelos del terreno, por lo que el fundo multiplicó varias veces su valor. Eso no se ha tocado.

La semana pasada se sumó la concejala de Sol.bo María Cecilia Chacón, que observó específicamente este convenio. Sobre ello, el alcalde aseveró que están tratando de vincular al gobierno municipal de La Paz con supuestas irregularidades con Saavedra. “He tomado la determinación de resolverlo, de dejarlo sin efecto. De tal manera que no sea utilizado políticamente por nadie y esté poniendo en tela de juicio la transparencia de nuestra gestión municipal”, dijo Revilla.

La diputada Yañíquez comentó al respecto que “esto corrobora que todo lo que denunciamos era cierto, porque si es que ahora rompe un convenio, es porque no tenía la formalidad ni la legalidad que el caso amerita. Si fuera así, lo mantendrían”. Mientras, su colega Brito se excusó de responder al requerimiento hasta conocer más a fondo lo dicho por Revilla. La dirección de comunicación del WTC informó de que hoy por la mañana emitirá un comunicado de respuesta.

Revilla remarcó que “ningún proyecto privado, por más beneficioso que fuera para la ciudad, puede poner en tela de juicio la transparencia”. El documento establece tres obligaciones para Saavedra: llevar adelante su proyecto, construir a su costo cuatro obras viales para la ciudad, específicamente ampliar dos rotondas en los alrededores del terreno, ampliar a por lo menos seis carriles la avenida Los Leones, construir un bulevar y, finalmente, hacer un paso a nivel desde la avenida Libertador hacia la Curva de Holguín.

La tercera obligación del WTC era entregarle 4.500 metros en propiedad horizontal, para la implementación del Pumakatari. “El teleférico ya está en la Curva de Holguín con las estaciones amarilla, verde y celeste. No nos podía ceder en superficie porque esa estación hubiera quedado tres pisos más abajo. Por eso, desde 2013, se planteó que lo haga en propiedad horizontal. Si llegaba a construir su propiedad, y construía el tercer piso, ese es el que nos debe entregar para que sea una estación intermodal”, explicó Revilla.

La Alcaldía se comprometió a revisar y analizar técnicamente la propuesta de las edificaciones, paso por paso. El ejecutivo municipal, consecuentemente, se comprometía a “remitir al Concejo Municipal de La Paz para que revise el proyecto, cuando Saavedra lo presente, cosa que aún no hizo. Y en caso de que esta instancia remita las ordenanzas, entonces este mismo convenio establece que sus proyectos debían volver para que esa instancia los apruebe. Por lo tanto, aquí no hay ninguna autorización, ni de 60 ni de 70 niveles, y ustedes pueden leer el convenio”, añadió.

Sobre el caso de Siñani, el burgomaestre paceño señaló que ya está en la Fiscalía y en la Comisión de Ética del Concejo. El jueves, el concejal fue citado a declarar; sin embargo, ayer confirmó que aún no recibió la citación. El proyecto fue valuado en $us 300 millones.