Eran épocas de una dictadura militar y en la columna de comentarios del periódico Ultima Hora leía “La verdadera causa de la crisis es la corrupción en altos niveles del Gobierno”. El periodista fue apresado y a partir de su experiencia escribió el libro, cuyo título utilizo para el presente artículo. Desde aquellos fatídicos y últimos recuerdos de lo que fue una tiranía, a la fecha hemos cambiado algunas facetas de nuestra convivencia, pero al igual que desde siempre sobrevive nuestra naturaleza humana, tan humana.

Los métodos para acallar al otro ahora corren por controlar el presupuesto para propaganda política, utilizando el presupuesto que corre por cuenta del ciudadano que paga impuestos. En vez de comunistas, ahora son los separatistas que deben cumplir condenas sin juicio y convertirse en advertencias vivientes para aquellos que pretendan vulnerar la hegemonía. En vez de censura, existe el amedrentamiento mediático. En vez de una Guerra Fría, ahora nos preparamos para la “guerra digital”.

En vez de militares en las calles, imponiendo el miedo, ahora tenemos jueces en los tribunales imponiendo un criterio fraguado de parcialidad. Los métodos han cambiado, el imperativo del individuo investido de poder sigue siendo el mismo. Los poderosos han aprendido a aferrarse al poder con encarcelamientos selectivos, sin la violencia evidente de aquellos que torturaban a luchadores como Arturo.

En ese sentido, sorprende a la población que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional constituye un “fraude procesal”. La evidente discrecionalidad deja en claro que nuestro país está regido por el capricho de las personas, en lugar de las leyes. Cuando las leyes son administradas por personas incompetentes, o sus conciencias están vendidas al poder de turno, el valor de la ley se vuelve relativo, poniendo en juego la vida democrática del país.

La ley es una acumulación de la sabiduría colectiva. Cada generación revisa y perfecciona las leyes. En la medida que avanza la tecnología, cambia la dinámica de convivencia social. Con el Internet, por ejemplo, hemos visto la necesidad de modificar algunas normas para garantizar la libre expresión y privacidad, entre otros. La ley, por ende, puede modificarse con el tiempo. No obstante, un principio que no debería cambiar con el tiempo es la aplicación de procedimientos y metodologías acordadas para realizar dicha transformación de manera democrática.

El principio universal es acordar los cambios a nuestra Constitución, ya sean a una ley o a un procedimiento. Y si bien, en un horizonte de mil años, una ley hoy es relativa a una ley en ese lejano futuro, la ley actual marca un absoluto. Es decir, la ley puede modificarse mañana, pero hoy esa ley es vigente y se la debe respetar. A ello se llama el imperio de la ley. Lamentablemente es precisamente el imperio de la ley el único imperio que el actual gobierno podría eventualmente vulnerar.

Un procedimiento democrático consensuado y aceptado hoy (¿quién sabe si todavía mañana?) es la calidad vinculante de un referéndum en el cual se pide participar a toda la población. En una maniobra de supremo sofismo diseñado para deslegitimar los resultados del referéndum del 21F se conjugan dos argumentos: Primero, que debido a que circulaba una mentira (Zapata) el resultado es ilegitimo; y segundo que “si un tratado tiene normas más favorables para el ejercicio de los derechos humanos debe ser aplicado de forma preferente incluso por encima de la propia CPE”.

La pregunta del 21F fue muy clara: “¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”. El TCP, sin embargo, estableció que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos está por encima de la voluntad expresada por el pueblo boliviano.

El desconocimiento efectivo del Referéndum de 21 de Febrero de 2016 es un manoseo de la ley, motivo por el cual la sociedad está sumida en una peligrosa situación de enfrentamiento ante la posición intransigente y obsesiva de Evo Morales, que se piensa insustituible en la administración del gobierno.

La evolución de la ley es lenta y compleja. La evolución de una “tormenta perfecta”, en contraste, puede darse de un momento al otro. En la medida que el TCP desconoce el mandato del soberano (pueblo), se atribuye de facto potestades que no le corresponde. El resultado es un clima de incredibilidad e incertidumbre, que debilitan las reglas básicas de convivencia establecida en la Constitución Política del Estado.

A esta incertidumbre debemos agregar el creciente déficit fiscal que, más temprano que tarde, también presentará su factura. La esperanza del gobierno es poder contrarrestar el descontando de la población con un continuado (y artificial) crecimiento de la economía. Pero sin pesos y contrapesos que limiten su permanente aventura keynesiana, el incremento al gasto público nos obligará mañana a nuevamente realizar ajustes socialmente que pudieran llegar a ser traumáticos.

La sociedad boliviana se apresta para enfrentar una crisis en muchos niveles. Uno de ellos es el actual vacío normativo. Ante un gobierno que ha cooptado todos los poderes del Estado, incluyendo el TCP, estamos ante un supuesto amo del mundo, inmortal e invulnerable, que supone que al pueblo no le queda más opción que morder el silencio.

El Ing. Com. Flavio Machicado Saravia es Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencia Económicas.