En representación de la Gobernación cruceña estuvo presente el secretario de Gobierno, Vladimir Peña, quien comprometió acciones para exigir la anulación de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que son consideradas ilegales, porque además de incumplir el mandato de dotar de tierra primero a quienes residen en la Chiquitanía, no respetaron la certificación de asignación de uso suelo que debe otorgar el Gobierno Departamental (Ley del Plus).

“Así como hemos estado luchando en Tucabaca, el Fuerte de Samaipata, Paquió y todas las áreas protegidas, cuando han intentado avasallarnos, así la Gobernación y el gobernador Rubén Costas harán defender los derechos de los pequeños productores migueleños, de los campesinos, de los indígenas”, aseveró.

DENUNCIA

Denunció que en Santa Cruz son 2.8 millones de hectáreas que se han revertido y que hoy están en manos del INRA y merecen ser auditadas. Aclaró que el Gobierno Departamental, en reiteradas oportunidades, convocó a la Comisión Agraria Departamental (CAD), que trata la problemática de la tierra en Santa Cruz, pero esta no pudo conformarse debido a que se cambió la reglamentación de la Ley del INRA, lo cual imposibilitó su funcionamiento.

Sostuvo que hay afanes electoralistas detrás del acarreo de gente del interior del país, y por ello, instó al pueblo de San Miguel estar preparado y unido para ‘castigar’ al MAS en octubre. “Así como el 21 de febrero Bolivia dijo No, San Miguel dirá No a los avasallamientos, y todos juntos vamos a parar a este gobierno autoritario”.

Informó a las autoridades chiquitanas y pueblo migueleño, que este martes a horas 11.00, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Hugo Salmón, convocó al director nacional y departamental del INRA para que brinden un informe oral ante el parlamento cruceño sobre las dotaciones de tierras en Santa Cruz.

RESOLUCIONES

Entre las resoluciones importantes que salieron del Congreso Cívico e Institucional en Defensa de las Tierras Chiquitanas está solicitar la nulidad de dotación de las 130 mil hectáreas de tierras fiscales a 69 comunidades efectuadas en el municipio de San Miguel; conformar una comisión para convocar a una reunión a las autoridades de Gobierno y del INRA, que en caso no sea respondida, se procederá a un bloqueo de caminos en toda la Chiquitanía a partir de las cero horas de este miércoles.