“Más que a la ciudad benefician a su proyecto, las inversiones planteadas mejoran las condiciones de su proyecto y no son de mayor beneficio para la ciudad. Que demuestren (el Ejecutivo municipal) que esos compromisos existen, tenemos que verlos, tenemos que ver los documentos de respaldo”, afirmó.
Chacón se refirió en esos términos al compromiso de Saavedra de invertir 30 millones de bolivianos en obras viales y de ceder al municipio más de 4.000 m2 si se ejecuta su proyecto en la Curva de Holguín, Obrajes.
Para la edil, la cesión es mínima, considera que Saavedra se beneficia más que la ciudad. “El tener el PumaKatari y el teleférico en la Curva de Holguín lo beneficia porque tendrá un flujo de transeúntes que obligatoriamente pasarán por sus centros comerciales y oficinas”, manifestó.
Reiteró que el empresario, que es el mayor accionista de Tersa, la empresa que administra el relleno sanitario de Alpacoma, es el más beneficiado “al tener los dos equipamientos en el lugar, por eso le debe una explicación a la ciudad y compensar lo que ha perdido en aires de río, en áreas verdes, en áreas forestales”.
Chacón recordó que en la primera sesión, de 2016, se hizo el cambio de uso de suelo, y en la de diciembre de 2017 se aprobó el convenio entre Saavedra y el gobierno municipal, en esta última participó y votó el  concejal Fabián Siñani, esposo de Maricruz Medrano, abogada de Saavedra.
La concejal considera que Siñani (ambos de SOL.bo) “debería informar del conflicto de intereses” por la vinculación de su esposa con la empresa de Saavedra.
La edil dijo que si su hermano o algún familiar cercano hiciera un trámite en la comuna, ella comunicaría esa situación y solicitaría que revisen bien, “no una, sino 80 veces para que no digan que hubo favoritismo”.
Sin embargo, la Comisión de Ética, de la que formó parte y se excusó de ver el caso Siñani-Tersa, debe reconstituirse y SOL.bo elegir otro concejal en su reemplazo porque hasta el momento solo está Mabel Machicado, del MAS-IPSP, quien espera que se supere esta situación para continuar con las investigaciones del caso denunciado el 18 de febrero por la diputada del MAS Betty Yañíquez.