La querella fue presentada por el abogado de Mesa, Carlos Alarcón, quien aseveró que los diputados “han tergiversado y desnaturalizado” la información sobre el dinero que el Estado asignó al expresidente para su trabajo de vocero en la causa marítima y su equipo.

Los diputados revelaron un informe de la Cancillería en el cual se señala que Mesa recibió un millón de bolivianos para “viáticos, pasajes y otros”, mientras que su equipo formado por tres personas recibió 1,8 millones incluyendo salarios.

Santamaría y Quispe, en declaraciones a la prensa, criticaron al mandatario por el gasto de ese dinero y le pidieron que dé explicaciones.

Para Mesa, los diputados con sus declaraciones pretendieron hacer creer que me se benefició económicamente con la causa marítima.

El tipo penal de difamación se aplica a quien “de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva”; mientras que injuria consiste en la ofensa a otro en su dignidad o decoro.

Según la querella de Mesa, los diputados incurrieron en esos tipos penales porque en su criterio divulgaron “hechos falsos” que afectan su reputación, además de dañar su dignidad y decoro.

En declaraciones realizadas en El Alto, Mesa señaló que su objetivo con la demanda es que quienes vayan a hacer acusaciones “lo piensen dos veces antes de mentir”.

Aseveró que su trabajo fue ad honorem, por lo cual puede aceptar una acusación que considera una mentira.

Aclaró que DIREMAR le proveyó de pasajes, alojamiento y comidas para los viajes en que difundió la causa marítima boliviana.