Sin embargo, el Ministerio de Hidrocarburos, a través de su unidad de comunicación, negó esta situación e indicó que no hay ningún acto programado en el cantón de Chiquiacá.
El poblador de Chiquiacá Norte, Feliz Choque, explicó que existe una evidente necesidad de fuentes laborales en el campo, no solo en esta zona. “Los jóvenes quieren trabajar. Están desesperados y las empresas se están aprovechando de esta necesidad y les dicen que les van a dar trabajo seguro. Pero sabemos que esto es temporal, solo para hacerles cambiar de opinión y de ganar más gente para que aprueben su ingreso”, dijo.

A su vez, la presidente del Comité de Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, Elizabeth Estrada, informó que personas cercanas al Gobierno Nacional están realizando un seguimiento a los jóvenes mayores de 18 años para convencerlos de aceptar la propuesta de las petroleras. Los habitantes de la comunidad sostuvieron que no permitirán que los funcionarios ingresen sin antes realizar al menos una socialización de los efectos que tiene para el medio ambiente la explotación de hidrocarburos.

“Cuando vienen no nos dicen nada. Hay mucha desinformación. Se aprovechan de que no todos conocen que pasa después de la perforación. Les traen cocinas y garrafas y les dicen que si ellos apoyan (la perforación de pozos) la pobreza se va a acabar. Eso es mentira. Nosotros conocemos las otras comunidades y no han mejorado en nada”, sostuvo.

La confianza de los comunarios a los representantes del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB se quebró. En una reunión anterior, Estrada sostuvo que hubo agresiones después que los pobladores manifestaran sus dudas sobre permitir su ingreso.

“¿Qué va a pasar si no los dejamos entrar, si no queremos que entren? Les preguntamos y nos han dicho que igual van a entrar. Que va a venir la Policía y que van a gasificar. Algunos se han quedado asustados. Después vino la Policía. Nos han dicho que del suelo solo unos centímetro hacia abajo nos pertenece, que no tenemos decisión”, manifestó.

En la Resolución emitida el 25 de marzo se pidió la abrogación de los decretos que posibilita el ingreso de las petroleras a Tariquía, rechazaron la consulta previa que muestra el Gobierno Nacional como una prueba para los proyectos de exploración y explotación en la Reserva.

Pidieron la anulación de los contratos petroleros que se han realizado dentro del territorio de Tariquía y la anulación del plan de manejo de la segmentación de comunidades que realizó el Gobierno. Además, está en vigencia proponer que Tariquía sea declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad.