Para tranquilidad de los lectores, no ingresaré al desarrollo de los problemas concretos, que tienen como trasfondo --como ya es recurrente en todos los ámbitos del Estado, estén estos copados por el MAS o la oposición a este partido—las peleas internas de los partidos con presencia en ese ámbito y entre ellos mismos, la corrupción generalizada y, si se es del MAS, la impunidad, salvo que se hayan traspasado limites extremos.

Más bien insistiré en que la crisis que atraviesan muchos municipios del país es estructural y una de las razones es que el vital impulso de la Ley de Participación Popular ha concluido, por lo que para superarla es urgente abrir un otro ciclo que posibilite reforzar la entidad estatal más cercana a la gente, como es el gobierno municipal.

De hecho, promulgar, en 1994, la Ley de Participación Popular (LPP) y aplicarla no fue fácil. Hasta entonces, no solo que las tres alcaldías de las capitales del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) concentraban la mayor parte de los recursos, que, además, era escasos, sino que los departamentos giraban alrededor de la órbita de las corporaciones de desarrollo, instituciones burocráticas al servicio del partido de gobierno.

Con la LPP se desarrolló el proceso de redistribución más profundo de nuestra historia, realizada a través de la dotación de recursos a los gobiernos municipales existentes y por crear en todo el país, en función a su población. Si a ello se suma la distribución de los ingresos hidrocarburíferos a las entonces Prefecturas, se puede afirmar que se impulsó, además, un real proceso de descentralización administrativa y política. Pero, esta política no fue del agrado de muchos grupos de interés e ideológicos, como demuestra la oposición que plantaron los comités cívicos de entonces y partidos como ADN o varios grupos de izquierda radical, que, cosa extraña, se dieron a la tarea, hasta ahora en el caso del MAS, de intentar "perforarla".

Sin embargo, más pudo la voluntad del entonces primer mandatario, Gonzalo Sánchez de Lozada, que, junto a su ministro de la Presidencia, José Guillermo Justiniano (a quienes injustamente se olvida cuando se habla de esta profunda reforma), dio un decidido apoyo al equipo de Carlos Hugo Molina para aplicar esta norma que en la actualidad debe ser reformada y reforzada.

Lamentablemente, no es un buen tiempo para emprender esta tarea tanto porque estamos viviendo un ambiente de permanente aunque ahora más intensa campaña electoral, como porque, al hacerlo, se pueden abrir los caminos para que el MAS, amparado en su mayoría de 2015, quiera, como lo está haciendo con el sistema de salud, volver a centralizar todo en el Órgano Ejecutivo, dejando a los gobiernos municipales y las gobernaciones sin recursos, y a la ciudadanía sin poder elegir a sus autoridades locales y departamentales, como de alguna manera ha sucedido en Venezuela.

Otra razón, tan importante como las anteriores, es que las actuales autoridades están impedidas practica y moralmente de hacerlo porque muchos municipios han sido convertidos en espacios burocráticos de poder imposibles de eliminar, pues los utilizan para dar prebenda a sus cada vez más exigentes bases de apoyo.

Para contrastar esta visión pesimista sirve reflexionar que el destino de los espacios regionales puede convertirse en un aliciente para comprender que hacer política no necesariamente significa, como sucede en tiempos de crisis como los actuales, debatir sobre espacios de poder a usufructuar, sino sobre la forma de crear nuevas visiones de país que ayuden a que las condiciones de vida de la gente sean cada vez mejores.

Pero, mientras esto no suceda, lamentablemente seguiremos enterándonos de las miserias que suceden en municipios burocratizados, copados por la corrupción...