El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, durante su participación en el congreso cívico realizado ayer en San Miguel de Velasco, indicó que, de acuerdo con ley, la tierra tiene que ser primero para las personas que residen en el lugar, para las comunidades y pueblos indígenas que no tienen suficiente.

“Esa dotación es ilegal, ya que la ley del Plus (Plan de Uso de Suelo) establece que para dotar esas tierras tiene que haber una certificaron de asignación de uso de suelo otorgada por la Gobernación. La Gobernación no ha dado ninguna certificación para ese asentamiento ilegal. Vamos a exigir que se anule ese asentamiento”, dijo Peña.

A decir de Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos, lo que está ocurriendo en San Miguel de Velasco no es nuevo.

“Mis queridos hermanos, hace seis años comenzó esta ocupación sistemática y abusiva del territorio chiquitano bajo una consigna de una reforma agraria desde una perspectiva política del Gobierno de turno”, manifestó Caballero.

El alcalde josesano además sostuvo que son más de 1.000 comunidades campesinas que se trasladaron (a la Chiquitania) de otras partes del país, no solo pensando en brindarles una oportunidad de vida, sino en aprovecharse de las necesidades de esas personas con fines políticos electorales.

Procedimiento legal
El pasado miércoles el director nacional del INRA, Juan Carlos León, en conferencia de prensa en Santa Cruz, aclaró que en el marco de sus competencias y cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente, se emitieron las resoluciones de autorizaciones de asentamientos humanos a 69 comunidades campesinas indí- genas e interculturales en San Miguel de Velasco.

En esa oportunidad, León indicó que, en el ámbito técnico, las tierras dotadas están dentro del área fiscal disponible que fue identificada en el proceso de saneamiento relevado por el INRA en dicho municipio de la región chiquitana. León además aclaró que el INRA atendió un procedimiento administrativo de dotación de tierras requeridos por comunidades, cuyos demandantes no tienen tierras y que, en todo caso, será la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) quien en el ámbito de sus competencias atienda o no solicitudes de desmonte para realizar actividades agrícolas.