El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, presentó la querella en la justicia para un juicio en contra de los legisladores Quispe y Santamaría, que esta semana revelaron en base a una petición de informe escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los recursos económicos para que Mesa cumpla su misión como vocero de la demanda marítima.

“En representación del expresidente Carlos Mesa estoy presentando una querella por los delitos de difamación e injurias contra los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe”, declaró el abogado Alarcón.

El jurista argumentó que ambos legisladores amparándose en sus facultades de fiscalización “han tergiversado y desnaturalizado la información y han hecho creer a la opinión pública que el expresidente Mesa se hubiera beneficiado con recursos a nivel personal al ejercer la vocería”.

“En esta querella rechaza y niega este dato falso, el expresidente Mesa no ha recibido ni un solo centavo en beneficio propio”, sostuvo, al precisar que su labor fue totalmente gratuita.

Los gastos básicamente estuvieron orientados al pago de pasajes, viáticos y otros elementos para el desempeño de su función al mando de la vocería de la demanda marítima, pero no a un sueldo por esa labor.

La Cancillería estableció en la petición de informe escrito poco más de 1 millón de bolivianos para gastos logísticos del exmandatario, asimismo, entrega el detalle del presupuesto para el equipo de trabajo de Mesa que ascendió a 1,8 millones de bolivianos, los datos fueron proporcionados pese a la “confidencialidad” establecida en un decreto supremo.

Alarcón afirmó que “Estamos en el contexto de una guerra sucia electoral, donde hay intereses coincidentes entre Bolivia dice No y el MAS”, con el único objetivo de “mancillar” la imagen del expresidente.

Asimismo, dijo que los legisladores tienen la opción de retractarse de la información falsa que han proporcionado a la opinión pública.

Dijo que la denuncia se planteó ante el Tribunal Departamental de Justicia, porque será en esa instancia que no solo los legisladores van a tener que asumir defensa, sino el Gobierno tendrá que mostrar la totalidad en detalle de los gastos en la demanda marítima boliviana.