El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, presentó la querella ante el Tribunal de Justicia de La Paz ayer contra los dos legisladores, que esta semana revelaron según una petición de informe escrito de la Cancillería sobre los recursos económicos para que Mesa cumpla su misión como vocero.

El jurista argumentó que los legisladores amparados en sus facultades de fiscalización "han tergiversado y desnaturalizado la información y han hecho creer a la opinión pública que el ex presidente Mesa se hubiera beneficiado con recursos a nivel personal al ejercer la vocería".

"En esta querella rechaza y niega este dato falso, el ex presidente Mesa no ha recibido ni un solo centavo en beneficio propio", sostuvo Alarcón, al precisar que su labor fue totalmente gratuita.

Los gastos básicamente estuvieron orientados al pago de pasajes, viáticos y otros elementos para el desempeño de su función de vocero, pero no a un sueldo por esa labor.

Los dos legisladores opositores eran parte de Unidad Nacional (UN) y recientemente  sellaron un pacto con el bloque "Bolivia dice no", cuyo candidato presidencial es el senador Óscar Ortiz.

Los dos diputados soportaron una ola de críticas, informaron que se defenrán y lamentaron que se ejecute un "ataque judicial" en su contra.

Ortiz defendió la labor de fiscalización parlamentaria y dijo que el caso de la demanda marítima es demasiado importante como para no dar explicaciones. "Lo democrático es decir la verdad y lo antidemocrático es tergiversar", respondió Mesa.

Ayer Ortiz aludió nuevamete a Mesa al señalar que “la unidad no se la construye desde un sofá y desde el twitter”, en medio de la polémica entre los candidatos de oposición mejor perfilados.

Las asambleístas del MAS, Betty Yañiquez y Sonia Brito, por otra parte, arremetieron contra Mesa al exigirle que se pronuncie sobre los supuestos actos de corrupción en la Alcaldía de La Paz en torno a la empresa gestora de la basura y su aliado el alcalde Luis Revilla.