El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, argumentó que ambos legisladores, aliados de Bolivia Dijo No, amparándose en sus facultades de fiscalización “han tergiversado y desnaturalizado la información y han hecho creer a la opinión pública que el expresidente Mesa se hubiera beneficiado con recursos al ejercer la vocería”.

Alarcón afirmó que “estamos en el contexto de una guerra sucia electoral, donde hay intereses coincidentes entre Bolivia dice No y el MAS”, con el único objetivo de “mancillar” la imagen del expresidente.

Por su parte, el candidato de Bolivia Dijo No, Óscar Ortiz, respondió que en vez de presentar querellas, Mesa debería explicar los gastos en los que incurrió en la vocería.

“En lugar de responder con amenazas e insultos racistas a un diputado indígena debiera dedicarse a aclarar cuál es su versión de la situación. (...) Aquí estamos construyendo la unidad, que no se la construye desde un sofá y desde el Twitter (sino) se la construye incorporando alianzas con sectores populares, con los sectores rurales”, expresó Ortiz.