Los carros chutos, esos que le han dado al Vicepresidente la oportunidad de hablar de lo maravilloso que es el Estado Plurinacional, son una de las puntas del iceberg, de un Estado que a pesar de todo el dinero que se ha recibido (más que en los 180 años anteriores de la ninguneada República, siguiendo las palabras del presidente Evo)  es un Estado fallido, que no domina su propio territorio. 

Es muy posible que esos carros sean parte del pago de narcotráfico. Si no lo son directamente, lo son en forma indirecta, porque son parte de las rutas, de comercio ilegal en nuestro país, lo cual incluye una cadena de corrupción en la Policía, que tiene consecuencias inimaginables en la vida institucional de nuestro país.

 Y es que para que un carro sin papeles llegue a uno de los valles interandinos se requiere toda una secuencia de puntos donde se paga una coima y donde algunos funcionarios se tienen que hacer de la vista gorda. La asociación a delitos mayores y a una permisividad al respecto no necesita ni ser explicada.

Sin embargo, el tener un auto es una aspiración, que aunque no ecológica, es absolutamente genuina, sobre todo si se vive en el campo. Quien habita en San Miguel, en el Queru Queru cochabambino o vive a dos cuadras de la plaza principal de Sucre o Santa Cruz no necesita de movilidad propia, otra cosa es en el campo. 

Los carros de segunda mano, y aclaremos, eso es lo que puede comprar la inmensa mayoría de los bolivianos, son enormemente caros, son mucho más caros que en Europa o Estados Unidos, por el simple y ridículo hecho de que está prohibido importarlos, a menos que tengan una antigüedad no mayor a un año desde su fecha de producción. Eso con la excusa de que no se quiere un país que importa chatarra, pero con el seguro beneficio de las casas importadoras de coches, una de las cuales está dando que hablar en un sonado caso de tráfico de influencias ahora mismo.  

Rescato la aseveración del  Vicepresidente en el sentido de que entre los aspectos que demuestran una mejora de la calidad de vida de las mayorías campesinas bolivianas es su acceso a tener un carro para poder desplazarse. 

Lo importante, sin embargo, es que este hecho no debería estar cargado de ilegalidad, no debería ser delictuoso y no debería implicar una propiedad imperfecta que no tiene papeles y que, por ende, tampoco paga impuestos. 

Lo curioso es que esta situación es absolutamente artificial y puede ser solucionada en un tris tras, y sin afectar ni la legalidad del país ni las percepciones morales que existen, por ejemplo, en el caso de pretender legalizar la producción y el consumo de marihuana o cocaína. 

Bastaría con que se permita la importación de carros de segunda mano en buen estado y que se pague por esta importación los impuestos idénticos, porcentualmente -detalle importante- a lo que se paga por coches nuevos. 

Estando en época preelectoral tengo la esperanza de que esta regulación, que obedece al más puro sentido común, sea tomada en cuenta por las fuerzas opositoras al partido de gobierno. El MAS, recordemos, ha cometido este absurdo, por 13 largos años, condenando a los ciudadanos más débiles, con menor acceso a servicios y a salud, a tener un coche sólo entrando en la ilegalidad.