Esa es la realidad. Las leyes están hechas para los pobres y las excepciones para los ricos y poderosos. Voy a compartir un caso en esa línea de reflexión: en La Paz, por ejemplo, el Sr. Edwin Saavedra Toledo (propietario de Toyosa), el 2016, fue favorecido con un trámite de cambio de uso de suelo. El trámite en cuestión normalmente dura entre dos y cuatro años; pero para él duró apenas unos meses y le permitió obtener millones, pues con ese simple acto administrativo, multiplicó exponencialmente el valor de cada m2 de la zona. Casualmente en la curva de Olguín, donde se encuentran los terrenos de Saavedra, también hay una propiedad municipal, cuya ubicación no había sido identificada en el momento de aprobarse el cambio. 

¿En qué beneficia ese trámite a la ciudad? En nada. Dicen algunos que es un beneficio para el teleférico y el pumakatari que tendrían su estación de transferencia también en el lugar; pero creo que es al revés, el mega proyecto de Saavedra no sería posible sin los usuarios “cautivos” y las facilidades de acceso que ofrecen ambos servicios de transporte, quienes necesariamente circularán por las tiendas y almacenes que ahí se pretenden implementar. Eso garantiza incrementar su rentabilidad. 

Pero no conformes con el cambio de uso de suelo, se le da a través de un “convenio”, sí, un convenio y no un trámite como el que cualquiera de nosotros debe realizar, una autorización para levantar hasta 65 pisos en una zona donde la altura máxima permitida es de seis. A esto se suma que la superficie de construcción de 146.000 m2, planteada el 2013, se amplía a más de 354.000. ¿Cuál el argumento de los servidores municipales involucrados?: textualmente "... los criterios técnicos para la determinación de 65 plantas y un AME de 354.264 m2, fue realizado por el inversor privado de acuerdo a sus requerimientos particulares ... ". O sea que el Gobierno Municipal dejó toda la decisión en manos de Saavedra, sin ejercer su papel regulador en estos temas y sin realizar los estudios esenciales para precautelar el interés de la colectividad. 

Lo que no sabíamos entre 2016 y 2017 cuando se presentaron esos trámites es que la apoderada de Saavedra es esposa de un concejal paceño.

No es malo hacer negocios, lo malo es hacerlo a costa de la ciudad y del bien común. No es malo que las autoridades municipales se asocien con privados, lo malo es que olviden cuál es el interés que deben defender.