En sesión del miércoles, la diputada del Partido Social Liberal se manifestó ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, calificando al régimen de Evo Morales como un “narco – estado” que afecta a la seguridad de Brasil y las favelas, por el tráfico de drogas desde las fronteras, y acusó a los miembros del Partido de los Trabajadores de haber socapado esas acciones por afinidades ideológicas.

Tras su encendido discurso, Zambelli se refirió al tema de la reelección indefinida en Bolivia, aprobada mediante la sentencia constitucional 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional, que hizo un control de convencionalidad entre la Carta Fundamental boliviana y el Pacto de San José de Costa Rica, referido a los derechos políticos.

La diputada pidió a la administración del presidente Jair Bolsonaro que accione su petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar una interpretación del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica y así definir si la reelección es un derecho humano o no.

“Me gustaría pedir que el Gobierno de Brasil mire a Bolivia que está a punto de convertirse en otra Venezuela, que en años y años Evo Morales solo nos probó que no hace nada por los ciudadanos bolivianos y que, aparte, está destruyendo la Constitución para intentar perpetuarse en el poder por cuarta vez en un cuarto mandato. Eso sí es dictadura”, declaró.

La respuesta fue inmediata, desde el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, quien se presentó en la Comisión de RREE.

“Cualquier problema de orden democrático en otros países precisa ser analizado con mucho cuidado. Vamos a acompañar el caso con mucho cuidado”, afirmó.

Zambelli tuvo conocimiento del caso boliviano gracias a las acciones de la plataforma ciudadana Las Calles Bolivia y la activista María Anelín Suárez, quien estuvo la anterior semana en la capital de Brasil para entregar la carta, rubricada por legisladores de oposición como Carmen Eva Gonzales y Norma Piérola, entre otros, que pide a Bolsonaro ser garante de la CPE y el Estado de Derecho en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, durante su presencia en Sucre, en febrero pasado, sugirió a las plataformas ciudadanas del 21F accionar la petición de buenos oficios de los presidentes garantes de los derechos civiles en Bolivia. En este caso, los garantes que fueron designados por la Organización de Estados Americanos – OEA fueron los presidentes de Brasil y Colombia.

Con el cambio de mandos en la balanza regional, ambos países pasaron a ser gobernados por presidentes conservadores, contrarios a la ideología de Evo Morales. Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia, son los mandatarios que pueden pedir de forma directa a la Corte - IDH una interpretación de convenios internacionales que afectan a los países miembros de la OEA.