La materialización del proyecto hidrocarburífero sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, con la aceleración de los planes y el avasallamiento policial ha puesto en alerta a los habitantes del cantón, que esta vez sí han visto la amenaza y han decidido movilizarse para exigir su justo derecho. El empecinamiento de los ejecutivos de Yacimientos, Petrobras y el Ministerio de Hidrocarburos ha dado lugar a una reacción solidaria en el resto del departamento, donde una población más consciente y más informada no está dispuesta a dejarse engañar tan fácilmente.

La relación nociva Gobierno – Tarija ha sido permanente desde siempre, incluso en la gestión de Lino Condori: Caso Margarita, Caso Setar, Caso deuda San Jacinto, caso Sistema Interconectado Nacional, etc.

Antes de ese proyecto, el Gobierno ya había puesto en marcha su Sistema Único de Salud, con su seguro universal en todo el país sin siquiera haberse sentado a charlar con los ejecutivos de la Gobernación de Tarija. La soberbia con la que se ha avanzado en la negociación ha despertado todavía más reactivos en la población. El SUS es, por donde se mire, un Seguro peor que el Susat, que se ha improvisado en unos meses y que sigue teniendo soberanas lagunas, frente a un seguro que lleva doce años funcionando con sus luces y sombras. Que un proyecto esencialmente bueno y pensado para ganar puntos electorales se presente con tanta torpeza en Tarija no puede suponerse solo a la mala planificación o a un afán autodestructivo.

Pero de entre todas las polémicas de estos días, la que ha responde a un mecanismo más complejo e ininteligible es el de la intervención de Emtagas en el Chaco.

Inicialmente, la acción se presentó como una iniciativa en positivo pese a la maniobra torticera de José Quecaña, que sin avisar buscó los subterfugios para dar su golpe de efecto. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió una resolución en la que daba licencia a YPFB para encargarse de la instalación de redes de gas domiciliario en el territorio chaqueño. Una medida que realmente no era necesaria, pues YPFB a través de Emtagas, de la que es socio por decreto aunque nunca haya ejercido ni invertido, podía haber realizado esas operaciones.

Lo curioso vino después, cuando se filtró la resolución completa, en la que se definía la intervención de Emtagas en el Chaco y la asunción de los bienes, incluido los software de facturación. Quedaba claro entonces que Quecaña había decidido cambiar el “centralismo departamental” por el “centralismo nacional” de toda la vida, pero la historia no acababa ahí.

Ni bien se filtró, el tándem ANH – YPFB – Quecaña decidió lanzar a la Policía para intervenir efectivamente las oficinas – patrimonio departamental por donde se lo mire -, y ni bien tomadas, empezaron a circular imágenes de funcionarios facturando. La acción aparentemente buena volvía a convertirse en una agresión más del montón.

¿Cuál será el objetivo de esta política en este momento? Ni en los círculos más masistas pueden dar explicaciones coherentes. La Autonomía sigue estando en peligro y no es buen momento para ponerse de perfil.