“Estamos pidiendo la renuncia del viceministro Dorado porque es el causante de todo lo que sucede en la Chiquitanía, aprovechando levantar una bandera política (…) Además, que es una persona no grata y lo desconocemos”, afirmó la cacique de la Nación Chiquitana, Beatriz Tapanache.

La dirigenta expresó su molestia porque muchos de sus miembros hace 20 años han peregrinado para que se apruebe la titulación de sus tierras, pero hasta ahora no hay resultados.

Ante esto, las comunidades chiquitanas realizarán el sábado una gran asamblea para definir medidas de presión por esta irregularidad.

Al respecto, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos León, aseguró que la entrega de tierras a esas comunidades es legal y que está dentro del área fiscal disponible identificada en el proceso de saneamiento de ese municipio.

León explicó que de las 66 comunidades beneficiadas de las tierras fiscales, 18 son afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), 34 pertenecen a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de los que 14 son interculturales.

Precisó que la superficie dotada alcanza a 127.965 hectáreas y 2.485 suman las familias beneficiarias.

El director además señaló que hay asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios de ese municipio que pretenden, de forma individual, adjudicarse tierras en áreas fiscales no disponibles.