Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: viernes 29 de marzo de 2019
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Durante los últimos 14 años, Bolivia ha sido escenario de una verdadera carrera electoralista. Desde 2005 hasta la fecha se han realizado 16 procesos electorales en el ámbito nacional, departamental y local, además de referendos con diversos motivos. La cantidad de veces que el pueblo boliviano ha sido convocado a expresar su opinión a través de las urnas llega a un promedio que supera ampliamente una vez por año.
Si tan intensa actividad electoral puede ser vista como una muestra de la vocación participativa del pueblo boliviano o sólo como un abuso de la formalidad democrática, es algo que puede ser objeto de controversias y seguramente habrá abundantes argumentos a favor y en contra de ambas maneras de interpretar tan intensa relación con las urnas.
Sin embargo, más allá de los aspectos cuantitativos de ese ejercicio de participación ciudadana en los asuntos públicos, hay algo que tienen en común los 16 actos electorales a los que nos referimos. Es que sobre todos ellos ha quedado pendiente una sombra de duda porque el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no ha logrado durante todo este tiempo inspirar la confianza necesaria acerca de su independencia, imparcialidad, transparencia de sus actos e idoneidad ética y profesional de sus miembros. Lejos de ello, la imagen que proyecta el OEP se deteriora con cada día que pasa.
De hecho, está tan deteriorada la imagen del OEP que en nada se diferencia de cualquier repartición gubernamental. Imagen penosa pero no inmerecida porque son demasiadas las oportunidades en que las autoridades electorales, o por lo menos muchas de ellas, han dado muestras de una inadmisible sumisión a los designios de las fuerzas gubernamentales.
Tales circunstancias, graves de por sí, lo son mucho más si consideramos que ya está en pleno desarrollo uno de los procesos electorales con mayor potencial conflictivo de los últimos tiempos. Y no sólo porque pesa contra su legitimidad la inconstitucional e ilegítima habilitación del binomio oficialista sino porque a diario se van acumulando los motivos para temer que el Movimiento al Socialismo no está del todo dispuesto a acatar un veredicto de las urnas que le sea eventualmente adverso.
Ahora que todavía estamos a tiempo, y antes de que el descrédito del Órgano Electoral Plurinacional sea irreversible, vale la pena exhortar a sus autoridades a que den alguna muestra de responsabilidad ante la historia. Deben saber que de sus actos y sus omisiones depende en gran medida la salud del sistema democrático boliviano y eso es algo que no se puede ni debe arriesgar.