Medio: El País
Fecha de la publicación: jueves 28 de marzo de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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También decidió excusarse de conocer la denuncia en la Comisión de Ética donde se sustancia un proceso contra el concejal Siñani por faltas éticas, respecto al trámite de uso de suelo y ahora, la ampliación por un segundo caso referido al convenio suscrito con Saavedra.
“Corresponde que yo que hice gestiones y fiscalización me excuse del procedimiento como indica el código de ética del Concejo Municipal. Indico cuáles son las irregularidades sumándome a la denuncia con los insumos que he recaudado durante estos dos años”, sostuvo.
La concejala manifestó que presentó “serias observaciones” en ambos casos que eran de conocimiento de su bancada Sol.Bo, sin embargo, no se tomaron en cuenta, es más, precisó que ha solicitado peticiones de informe que recién recibió una respuesta en enero de este año, pese a que planteó el 2018.
Chacón cree que de manera irregular el Concejo Municipal adelantó del 7 para el 6 de diciembre de 2017 la aprobación del convenio con Saavedra, cuando ella había solicitado permiso para asistir a reuniones con vecinos justo el 6 de ese mes.
Precisó que en esa sesión el convenio se aprobó en cinco minutos, en grande y detalle “sin observaciones”; lamentó que el concejal Siñani fuera “parte fundamental” en la aprobación del documento, pese a que su esposa Maricruz Medrano era apoderada de Saavedra, y no se excusó de conocer el caso por un tema de “conflicto de intereses”.
“El concejal Siñani no solo se quedó para hacer quorum en esa sesión, actuando de manera antiética, sino que votó, sin presentar una excusa ni informar a sus colegas porque su esposa era apoderada de Edwin Saavedra”, informó.
Cuestiona el por qué la Alcaldía “le permite una construcción de hasta 60 pisos en un área cuando solo está permitido hasta seis niveles, seis pisos, pese a que ya existía un convenio en el que se le hizo una concesión bastante considerable que era de 18 pisos”.
Asimismo, observa que en el convenio de 2013 se determinó una superficie edificada de 146 mil metros cuadrados, pero en el convenio de 2017 esa superficie se amplió a 354.264 metros cuadrados, es decir, más de 200.000 metros cuadrados, “sin respaldo técnico ni justificación”.
Por otra parte, Chacón cuestionó que, en las relaciones con Saavedra, el Gobierno Municipal deslinde su facultad de fiscalización y regulación al permitir que el empresario decida sobre los criterios técnicos de la altura y superficie que fueron sugeridos de acuerdo a los requerimientos empresariales.