La determinación se dio luego de una reunión, que duró más de 10 horas, entre el gobernador, Iván Canelas; el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, y 30 dirigentes.

Horas antes, un bloqueo contundente se registró en Sacaba, tan sólo un día después de que ocurriese lo mismo en Sipe Sipe y antes en Vinto.

Estas mediadas de presión son, según los analistas, una señal de desaprobación de los presuntos actos de corrupción en las alcaldías del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero también de que el clima electoral se adelantó por la cercanía de los comicios generales y subnacionales.

En su afán de despejar la sombra de la corrupción, ayer, la Contraloría General del Estado finalmente revisó, en la Alcaldía de Sipe Sipe, los proyectos cuestionados como el del hospital de Parotani, de los tanques mal ejecutados y de los respaldos de 68 millones de bolivianos. La alcaldesa María Heredia (MAS) destituyó a dos subalcaldes, tres funcionarios y dijo “estar más tranquila por el ingreso de la Contraloría”.

En Sacaba, el alcalde Humberto Sánchez pidió que entre la Contraloría y dijo ser el más interesado en que se investiguen las denuncias como el presunto desfalco de 268 mil bolivianos en la Dirección de Ingresos.

Para la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, todo lo que pasa en ese y otros municipios responde a tintes electoralistas con miras a conseguir algún cargo público en 2020.

“No es casualidad que todo el eje metropolitano esté pasando por esto (las denuncias). Todo esto es electoralista para dañar la imagen de las personas que estamos trabajando por tener una buena gestión. No se dan cuenta que la mejor campaña política que pueden hacer es tener una buena gestión”, dijo Arce.

Para el sociólogo Fernando Salazar, la crisis municipal en varias alcaldías se debe a que los actores políticos comenzaron anticipadamente a gestionar las futuras campañas electorales en las que los candidatos tienen que hacer fuertes inversiones económicas para ocupar cargos municipales o nacionales, por lo que desde ahora comienzan a recaudar fondos.

Explicó: “Dentro de poco se vienen las campañas electorales duras, en las que los candidatos tienen que invertir mucho dinero, y esto genera un movimiento económico muy duro y se ve reflejado en la crisis de todos los municipios de la región metropolitana”.

Para el exalcalde de Totora y docente Henry Rico, las acciones de una parte de los pobladores de Sacaba, Vinto, Sipe Sipe, Tiquipaya y Quillacollo son consecuencia de la falta de modelos de gestión que pone en evidencia los intereses que tienen algunos dirigentes afines al MAS para seguir en sus cargos.

“Los alcaldes y concejales deben entender que la finalidad del ejercicio del poder es resolver el choque de intereses encontrados, la toma de decisiones bajo ciertos parámetros deben estar bajo un modelo de gestión municipal, pero lo que ocurre es que no tienen modelos de gestión en esos municipios”, señaló Rico.

Además, dijo que durante los conflictos los manifestantes indicaron que algunos administradores de los bienes públicos habrían cometido irregularidades o son cómplices o encubridores, por lo que la Contraloría y el Ministerio Público deben cumplir su función sin injerencia alguna.

Municipios intervenidos. La Contraloría intervino en dos municipios. En Sacaba por el desfalco y en Sipe Sipe por falta de respaldo de Bs 68 millones.

GOBERNADOR NEGOCIA SOLUCIÓN EN SACABA

Luego de los enfrentamientos que se registraron el lunes en la tarde en Sacaba, ayer el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, llegó hasta ese municipio y se reunió con el alcalde Humberto Sánchez y los dirigentes de los sectores movilizados.

Luego de varias horas de diálogo, Canelas informó anoche que se suscribió un acta de entendimiento con los dirigentes de la Central Campesina El Morro.

“Fuimos atendiendo algunos requerimientos como el agua, que afecta a los regantes de Sacaba. En ese sentido, se pidió al Ministerio de Medio Ambiente que haga cumplir la ley y la Constitución, el agua es de todos”, dijo. Se acordó también la construcción de una planta industrializadora y empedrado en Palca.

EL ALCALDE DE QUILLACOLLO DESCARTA RENUNCIAR, PERO LOS CONFLICTOS SIGUEN

El alcalde suplente de Quillacollo, Antonio Montaño, descartó que vaya a renunciar, como lo anunció el lunes a sus funcionarios y al sindicato de trabajadores municipales. Ayer, comunicó que continuará trabajando.

Montaño asumió el cargo en febrero, en reemplazo de Zacarías Jayta, quien fue detenido por presuntos hechos de corrupción en su gestión, luego de que se filtraron los audios en los que se revelaba el cobro de diezmos.

La concejala Angelina Zeballos anunció que seguirá en su cargo fiscalizando la gestión municipal y descartó que busque la silla municipal, como consideran los que impulsan procesos en su contra.

Por otro lado, los 85 sindicatos de comerciantes marcharon ayer para pedir la destitución del Intendente municipal por permitir el asentamiento de vendedores informales en el centro histórico del municipio.

Los gremiales llegaron con pancartas y dos burros para expresar su molestia.

Otro frente de conflicto es la huelga que instalaron los trabajadores municipales en inmediaciones del municipio para pedir la reincorporación de 15 funcionarios despedidos.

En medio del conflicto surgieron más denuncias y audios en los que presuntamente el Alcalde suplente cobra por otorgar cargos dentro del municipio. Las grabaciones también involucran a otras personas.