Por ello propongo adherirnos a esa propuesta.

Los puntos centrales de la misma son:

1. Un régimen de Administración de Estado, auténtica-mente democrático, en el que se acate la ley comenzando por la Constitución, que nadie se ponga por encima de la Constitución y ésta sea de cumplimiento estricto por gobernantes y gobernados (ahora claramente no lo es).

2. Que la división e independencia de poderes u órganos del Estado sea una realidad, en la que cada uno cumpla su finalidad constitucional, garantizando así los derechos y libertades ciudadanas.

3. Un régimen efectivo de justicia, en el que sus operadores se basen solo en la ley en sus fallos, alejados de la influencia partidaria o del pago de dinero. Que los operadores de justicia sean abogados probos.

4. Se supere el “caudillismo” personalista y que el gobernante sea el primer ciudadano, pero no un dios con pies de barro.

5. Que el pueblo -que somos todos- esté permanentemente presente en toda la gestión de gobierno, a través de sus representantes en el Órgano Legislativo y de sus dirigentes naturales en la organización social.

6. La administración de los recursos económicos públicos sea cumpliendo las normas de administración y control fiscal y no a discreción del gobernante. Que los planes y programas sean la herramienta del desarrollo.

7. Que los más destacados e idóneos profesionales (científica y moralmente) sean convocados a desempeñar las funciones de gobierno, para lograr la eficiencia y eficacia en la gestión pública.

8. Se acaben los viajes con y sin motivo, organización de eventos político-partidarios con invitados del exterior y el derroche de recursos públicos en obras y servicios innecesarios o con sobreprecios.

9. El respeto al Medio Ambiente o “madre tierra”, dejando de lado los proyectos que atenten contra este bien público.

10. Debe cesar la persecución político-judicial, y todos los procesados por causas de interés político partidario, así como los que han dejado el país para huir de la persecución, deben ser beneficiados con una amnistía amplia e irrestricta.

11. La lucha contra la corrupción tiene que ser una tarea de Estado, que comience en los niveles de educación y abarque a toda la sociedad, en especial en los niveles de administración del Estado y no “a los que están conmigo todo (impunidad), a los contrarios palo.

12. La pobreza debe ser erradicada con políticas de educación, salud y empleo digno.

13. Una política de austeridad fiscal, que deje de lado el despilfarro, los gastos suntuosos en obras (palacios, campos deportivos, gasto corriente, obras de elevado costo sin retorno o de bajo rendimiento y necesidad, etc.).

14. Una política exterior de buenas relaciones con todos los países del mundo, en especial con aquellos que favorezcan nuestros intereses, dejando de lado las relaciones de corte ideológico que en nada nos benefician, por el contrario, nos perjudican.

15. La política de la prebenda, que agudiza la “corrupción”, debe ser cambiada por la política del respaldo consciente del programa y la participación voluntaria.

En lo estratégico, se debe adoptar el modelo de desarrollo económico y social Nacional Revolucionario con retorno a la República de Bolivia (cosa pública de todos) y a retomar la construcción del Estado boliviano.