Claramente no ha podido cumplir ninguno de esos objetivos que eran parte de la demagogia discursiva de su primer día de gobierno. De más está decir que ningún gobierno sería capaz de hacerlo.

El último fin de semana, el Presidente reconoció que no había podido cumplir la promesa de “cero corrupción” e hizo un ajuste de fondo a la frase para decir que, a partir de ahora, el objetivo será “cero tolerancia a la corrupción”.

Está bien que el mandatario haya reparado en que la corrupción es un problema y que haya decidido ser intolerante con esa práctica, pero hay que hacer notar que lo hace tras casi 14 años de permanecer en el poder y luego de que se conociera una ola de casos que enlodan al Gobierno y a otras reparticiones del Estado. Muchas de las denuncias, hay que destacarlo, fueron dadas a conocer por el Ministerio de Transparencia.

Entre los casos de más reciente publicación está el que involucra al director de la Agencia Estatal de Vivienda (AE Vivienda), regional Chuquisaca, Irineo Condori, quien cobraba coimas de hasta 200 mil bolivianos a las empresas contratistas, según la denuncia. Condori, quien  ahora está preso, fue legislador del MAS y según los testimonios, estaba recaudando para una nueva campaña rumbo al Legislativo. 

Poco después se conoció otro caso en Riberalta, donde los concejales del MAS, Wilmer Endara y Óscar Marcelo Serrate cobraban coimas también de 200 mil bolivianos por la adjudicación de obras. Ambos fueron enviados a la cárcel.

Casi en paralelo se supo de irregularidades cometidas en la Unidad de Ejecución de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), dependiente del Ministerio de Gobierno, donde una sola empresa se adjudicó 42 de los 46 contratos existentes y tres funcionarios recibieron un monto global de 71.000 bolivianos en sus cuentas particulares. Para mayor certeza de la ilegalidad, el hijo universitario de una funcionaria recibió 120 mil bolivianos de la empresa contratista en pago por una supuesta consultoría. En este caso, no hay acusados detenidos y la Fiscalía ha actuado con lenidad.

Otros dos hechos de corrupción se han producido en la Policía durante esta gestión. A principios de año, se descubrió una red de cobros ilegales en la Anapol, donde estudiantes no calificados habían pagado hasta 12.000 dólares para ingresar a la Academia. Por este hecho, 11 personas están detenidas.

Hace poco, el excomandante de la Policía de Oruro Rómmel Raña  fue enviado a prisión tras una acusación la cual  indica que cobraba altas sumas de dinero por los destinos de los policías y por dejar pasar camiones con contrabando.

A estos casos hay que sumar un par que se han descubierto en el Órgano Judicial. Uno de ellos en Chuquisaca, donde el juez registrador Hugo Jamil SM fue detenido por “ordenar cancelaciones de partidas, de anotaciones preventivas, de modificaciones de datos en la partidas de Derechos Reales”, según la denuncia del ministro de Transparencia, Héctor Arce. Y el otro caso sucedió en Santa Cruz, donde un funcionario judicial, quien  estaba a cargo de las ventanillas de cobro de servicios judiciales,  hurtó 545 mil bolivianos. 

La lista podría continuar en los municipios, pero hasta ahí llegaremos con los casos más bullados y recientes que involucran a funcionarios de los órganos Ejecutivo y Judicial.

El Presidente tiene motivos de sobra para estar preocupado y para plantear una verdadera lucha contra la corrupción.

El tema parece que se le va de las manos porque ha cundido la idea de que “ahora nos toca”, frase a la que suele recurrir el Presidente cada vez que recrimina a sus funcionarios por la corrupción. 

El caso es que ahora le toca al Presidente poner un alto a esta lacra o su ya desgastada imagen se verá más que afectada.